Policías complicados por listas telefónicas

¿Para qué o para quién por lo menos dos policías cordobeses de la división Investigaciones Criminales –uno de ellos de alto rango– obtenían listados de sábanas telefónicas tras engañar a las empresas telefónicas? La respuesta a esta pregunta aún es una incógnita. El interrogante surge a partir de la resolución del Juzgado federal Nº 3, a cargo de el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, conocida ayer, que procesó por "falsedad ideológica" (contempla penas de prisión de uno a seis años) a dos uniformados acusados de engañar y enviar oficios falsos a empresas de telefonía para obtener información sobre personas que no eran investigadas por la Justicia.Pese a que se agravó la situación penal de ambos, que son investigados desde 2009, ayer tanto desde Jefatura de la Policía como desde el Tribunal de Conducta Policial indicaron que no habían recibido ninguna comunicación al respecto desde la Justicia federal, por lo que aún el sumario contra ambos continuaba paralizado.El procesamiento, si bien se difundió ayer, fue firmado el lunes de la semana pasada.Según la resolución del Juzgado federal Nº 3, el hoy jefe de Delitos Complejos, comisario mayor Ariel Ávila, y el oficial Rubén López fueron procesados por el supuesto delito de "falsedad ideológica" al considerar que utilizaron oficios de la Justicia, cambiándoles datos, para lograr engañar a las empresas de telefonía celular.De acuerdo con la instrucción de la causa realizada por la fiscal federal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, y ahora corroborada por el Juzgado federal, Ávila y López habrían enviado por lo menos 48 oficios anómalos a diferentes empresas y, luego, en sus correos electrónicos particulares, recibían las contestaciones. De esta manera, lograron tener una base de datos propia sobre el listado de las llamadas telefónicas que particulares realizaron en un determinado lapso de tiempo.La sospecha, según deslizaron fuentes con acceso a la investigación, era que podrían haber vendido esa información a investigadores privados o empresas que realizan "seguimientos de parejas infieles" o tareas similares, pero, hasta hoy, sólo se trata de una teoría, ya que la causa no avanzó en ese sentido. Al respecto, los informantes deslizaron que ningún particular afectado trabó una denuncia, por lo que esa parte de la pesquisa no se inició. Escándalo Esta investigación terminó siendo un escándalo para la Policía cordobesa cuando, el 26 de noviembre de 2009, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpió en Jefatura para ejecutar un operativo ordenado por la fiscal López de Filoñuk. En total se computan 48 hechos, cometidos entre 2008 y 2009, cuando Ávila era jefe de la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones y López cumplía funciones en la misma área, un sector clave de la Dirección de Investigaciones Criminales. Al principio, la causa tuvo un tercer sospechoso, el suboficial Daniel Cardona, que rápido fue desvinculado de la investigación.Hoy, Ávila es jefe de la división Delitos Complejos (que también depende de Investigaciones Criminales), mientras que López está de licencia, según comunicaron fuentes de Jefatura. Ayer, este diario intentó comunicarse con el comisario mayor, quien no respondió las llamadas.Según se lee en el procesamiento, Ávila y López enviaban, por fax, pedidos de informes sobre personas o números a las empresas telefónicas, mintiendo supuestamente que tenían oficios judiciales que los respaldaban.Además, figuran en la causa 14 hechos en que los policías enviaban por fax falsas copias de oficios judiciales que en realidad no existían. Por eso, la fiscal López de Filoñuk les había imputado el delito de falsificación de instrumento público, pero fueron sobreseídos porque el juez consideró que la descripción de los hechos no es compatible con ese tipo penal.La fiscal apeló este punto de la resolución.

Anónimo. Una denuncia anónima que terminó en la Justicia federal fue clave para que la causa comenzara a caminar.

Laberinto. Luego, la investigación quedó estancada durante varios meses en un laberinto judicial, ya que hubo una disputa sobre si era de competencia federal (como se resolvió) o provincial.