Piden condena para un exfuncionario de Catastro

Implacable e incesante continúa su marcha la megacausa por irregularidades en el Registro de la Propiedad. En la sustanciación del juicio número 39, por intento de apropiación de un lote de terreno de un cuarto de manzana en la villa Richardson, de la ciudad de Córdoba, se escucharon los pedidos de condena para: un abogado, dos agrimensores –uno de ellos exfuncionario de Catastro– y tres exempleados de esta repartición donde se asientan todos los dominios del territorio de la provincia.Para varios de los partícipes de esta maniobra que la acusación consiguió sentar en el banquillo de este juicio, que se realiza en la Cámara 10ª del Crimen, el fiscal Enrique Gavier solicitó severas penas.Al abogado Gustavo Montoya –señalado como el organizador de la defraudación y patrocinador de las acciones–le pidió cuatro años y medio de prisión; al agrimensor Oscar Wilde –por entonces director del Departamento de Tierras Públicas de la Dirección General de Catastro– solicitó cuatro años y tres meses de cárcel; y al agrimensor Eduardo Aliaga, cuatro años.En el caso de Wilde, a fines de la década anterior había sido cesanteado por la Provincia al conocerse el procesamiento y dejó el cargo. Otros acusados También están sentados en este juicio tres miembros de una familia que ya registran numerosas condenas y acumulan varios años de prisión: Daniel Cerdá, Silvia Barrera y la hija de ambos Natalia. A todos, Gavier les pidió el mínimo de un año de prisión a ser acumulados a sus castigos anteriores. Los padres fueron empleados del Registro, pero en este caso ya no se desempeñaban en la repartición.Al tiempo que los defensores solicitaron las absoluciones, la decisión del veredicto pasó para el martes y estará a cargo del tribunal.Los acusados deben responder por tres delitos: falsificación, supresión y adulteración de instrumento público.La maniobra que se les achaca es haber introducido en el Registro General de la Provincia un asiento falsificado del dominio del terreno de 2.675 metros cuadrados en lo que era la villa Richardson.Ese predio estaba ocupado por una villa de emergencia y, paralelamente, se había iniciado un juicio de usucapión –con el patrocinio de Montoya– a favor de la ocupante del terreno, Blanca Villafañe de Farías (testigo del juicio). En realidad, el predio es de la Provincia, pero los acusados pretendieron, según presume la causa, hacer pasar que era de un tal Ramón Francisco Boretto que lo había adquirido antes de 1888, cuando el Registro no existía.