Nacer y morir en tierra de sicarios y patoteros

Dos sujetos a bordo de una moto se acercan a un grupo de personas reunidas en un lugar público, el que va detrás del vehículo de pronto saca un arma, apunta, dispara y…

No es la escena de una película sobre narcos con sicarios que hacen un ajuste de cuentas a plena luz del día. Tampoco es una situación nunca vista o extraordinaria en nuestro país. En el último año, ha sido el modo elegido para asesinar en varias grandes ciudades de la Argentina. Y Córdoba no es la excepción. Sin ir más lejos, la semana pasada se registró un caso así en barrio Guiñazú. Allí, en una plaza, murió el joven Luis Emilio Villarroel (25) como consecuencia de un disparo, uno solo, que le hicieron desde una motocicleta.

“Te espero a la salida”, le dice un joven a otro. Y cumple su amenaza, pero lo hace acompañado por una docena de patoteros que acorralan a su víctima y le pegan hasta matarla.

No se trata de un hecho que sucedió hace años y conmovió a la sociedad. Pasa muy seguido. Pasó hace una semana a la salida del estadio Sargento Cabral, en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, donde Daniel Ignacio Aballay (19) recibió una golpiza por parte de una patota, fue internado y murió tras agonizar 24 horas.

Todo eso sucede en la semana en la que se juega el clásico más importante del fútbol en el país (River-Boca), sin hinchada visitante por prevención, ya que el deporte más popular argentino está manchado de sangre, saturado de violencia, a tal punto que el viernes se suspendió el partido entre Independiente y Unión, por la “B” Nacional, al descubrirse que un grupo de barras pretendía ingresar al estadio armado hasta los dientes. Si uno aprecia lo que pretendían ingresar a la cancha, entre armas de fuego, cuchillos y elementos punzantes, la suspensión del encuentro evitó lo que muy posiblemente hubiera sido una masacre.

No estamos enumerando noticias sueltas, hechos aislados, crónicas de sucesos extraordinarios. Estamos presenciando, alarmados, el alcance de la violencia en un país donde millones de personas padecen los males de la marginalidad, la falta de incentivos para salir de las redes de la delincuencia, situación en la que muchos vienen a este mundo condenados a sufrir, en villas miseria o en barriadas tomadas por el narcotráfico y la promiscuidad.

La penosa situación social en la que nacen, crecen y se educan esos argentinos expulsados del sistema, lejos del mundo de la dignidad, es caldo de cultivo para la violencia que crece en manifestaciones inéditas y jamás imaginadas que, sin embargo, terminan por ser cosas de todos los días. Para detener el proceso, endurecer las penas (como se hizo con las leyes Blumberg y demás), está comprobado que no sirvió, y hace falta mucho más que asignaciones universales para salir de todo esto. Esconder lo que nos pasa bajo alfombras de nomenclaturas o títulos rimbombantes (como “década ganada” o “un país con buena gente”), es arrojar combustible al fuego, porque irrita a los indignados.

Recuperarse llevará años, lo sabemos, pero si no empezamos, tal como vemos que sucede ahora, la cosa seguirá empeorando.