Megacausa por supuesta corrupción, cinco años demorada
Pese a que fue elevada a juicio en 2009, aún no se realizó el proceso oral y público. Hay nueve imputados, entre ellos cuatro abogados y dos empleados judiciales. El TSJ rechazó un recurso de casación y ordenó que el proceso comenzara.
Cruz del Eje. Si hay una materia pendiente de resolución judicial para vastos sectores cruzdelejeños, a nadie le caben dudas de que es la denominada "megacausa", con nueve imputados por supuesta corrupción tribunalicia.
Con cinco años y seis meses de demoras desde su elevación a juicio, no ha sido tratada aún en los estrados.
La emblemática causa fue elevada a juicio en marzo de 2009 por la fiscalía local y con la tutela del director investigativo Hernán Funes, fiscal de Cámara de Deán Funes.
Fue el punto inicial para permanentes dilaciones, recusaciones y apelaciones, como así tácticas dilatorias en diversos tribunales de la provincia.
Las cuestiones parecieron haber tocado techo cuando en diciembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por uno de los principales imputados, el abogado Carlos Edgar Bagnarelli.
El TSJ subrayó en aquella oportunidad: “Aun se interponga un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su presentación carece de efectos suspensivos en lo dispuesto”.
La causa recaló en la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, para fijación de fecha de juicio, pero diversos apartamientos determinaron que fuera asignada a la Cámara del Crimen de Deán Funes. Pero aún no tiene fecha para el juicio.
Dilaciones
A partir de ese momento, parece haber comenzado otra carrera, sin principio de solución: un nuevo incidente planteado por los imputados llevó el expediente a la Cámara de Apelaciones de Villa Dolores, sin que hasta ahora se haya registrado alguna resolución.
Según la instrucción, que acumula más de 22 cuerpos, los acusados habrían urdido una compleja trama que involucra a abogados del foro local y a funcionarios judiciales, con el objetivo de lograr fallos indemnizatorios millonarios en casos contra el Estado provincial por daños y perjuicios.
La causa de la supuesta y rentable “industria del juicio”fue instruida bajo directivas del fiscal de Cámara Hernán Funes, acompañado por su par de Cruz del Eje Haydeé Gersicich y los secretarios Ana Díaz y Nelson Lingua.
Funes recibió el apoyo personal y por escrito de todas las entidades ruralistas del noroeste provincial, que organizaron manifestaciones a las puertas de los tribunales.
Precursora
Disparadoras de esta causa aún irresuelta fueron, hace seis años, las denuncias judiciales y públicas de Fátima Ponce, quien acababa de divorciarse del abogado Eduardo Bagnarelli.
La mujer disparó contra varios altos funcionarios judiciales de la sede tribunalicia como supuestos cómplices, apuntando tanto al Juzgado Civil como a la Cámara del mismo fuero, que finalmente no resultaron involucrados en la traumática causa, luego de un análisis y una resolución del TSJ.
Las imputaciones
Carlos Edgar Bagnarelli (abogado). "Defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); supresión de instrumento público; uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real".
Eduardo Arístides Bagnarelli (abogado). "Defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; robo de energía y falsedad por destrucción de instrumento público destinado a servir de prueba, en concurso real; amenazas; agresión con toda arma, calificada, y amenazas, en concurso real".
Carlos Daniel Munuce (abogado). "Uso de documento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real".
Horacio Edgar Capdevila (abogado). "Coacción; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal. Todo en concurso real".
María Cristina González (empleada judicial). "Tentativa de estafa procesal".
Arturo Ordoñez (empleado judicial). "Supresión de instrumento público".
Raúl Adrián Porto (médico cirujano). "Emisión de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso real".
Julio Ernesto Sarmiento (comerciante). "Tentativa de estafa procesal".
José Ángel Rosales (comerciante). "Falsificación de instrumento público equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso real".
Apoyo de entidades
El director investigativo de la causa, el fiscal de Cámara Hernán Funes, recibió el apoyo personal y por escrito de todas las entidades ruralistas del noroeste provincial, que organizaron manifestaciones en las puertas de los tribunales.
