Justicia vendada y atada

Hace 21 años, el 6 de marzo de 1995, en la población de Recreo, en el límite entre Catamarca y Córdoba, se escribía la operación "Café blanco", uno de los secuestros de cocaína más fabulosos del país. Se hallaron 1.200 kilos de la droga que acababan de aterrizar. Once personas, entre ellas nueve colombianos, terminaron condenadas por la Cámara federal de San Martín. Sin embargo, cuando el espasmo mediático ya había pasado, los jueces advirtieron serias irregularidades: varios años después, se comenzaba a develar que todo había sido una operación armada por los agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) para luego desbaratarla.Antonio Horacio Stiuso, el mejor y el peor espía argentino, fue una pieza clave.Ahora, al regresar tras un año de autoexilio, logró sólo con su testimonio que la investigación por la violenta muerte del fiscal Alberto Nisman pasara al fuero federal.Los espías, se sabe, más que con pruebas trabajan con suposiciones.Y con todo un espeso manto de mugre en el que se mezclan miserias privadas con causas públicas. Carpetazos que no tienen valor jurídico, que por lo general son ilegales, pero que terminan por volcar casi todo para el lado que el espía –o su patrón de turno– desea.Espionaje que termina por trocar las relaciones de fuerza dentro del andamiaje judicial.En Córdoba, la Justicia federal hace dos años y medio que camina a tientas detrás de los dichos sembrados por un personaje que parecería de ciencia ficción, pero que es tristemente real: Juan "el Francés" Viarnes.Un fantasma que ahora sobrevuela en el juicio contra siete policías acusados de fraguar operativos antidrogas, entre otros delitos.A esta altura, suena insólito y hasta alarmante que ningún funcionario federal pueda asegurar quién es realmente Viarnes. El defensor oficial Marcelo Arrieta plantea que se trató de alguien plantado para realizar una operación, aunque no está claro el beneficio para los supuestos ideólogos de la maniobra. La misma tesis sostiene el legislador Aurelio García Elorrio: apunta que Viarnes era un servicio de inteligencia ligado a la estructura que habían montado el ahora exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y el exjefe del Ejército, César Milani.Tesis que no desliga a los policías de los delitos de los cuales se los acusa, sino que hurga sobre otros intereses en cuanto al manejo macro del narcotráfico a nivel país.Son sólo hipótesis ante la carencia de datos objetivos en relación con Viarnes.En el medio del narcoescándalo, aparecieron otros dos personajes aún indefinibles. Por un lado, Daniel Córdoba, un presunto narco que hace años camina a la par de los policías, a los que, supuestamente, les provee información. Su padre fue víctima de un narcosecuestro en abril del año pasado, causa que tiene entre los imputados a un agente, chofer del jefe de Robos y Hurtos.Durante la investigación del narcoescándalo, sus dichos fueron tomados muy en cuenta por el fiscal Enrique Senestrari. Su descripción de los movimientos internos de la fuerza terminó por articular uno de los ejes de la causa. Pero ahora, al sentarse a declarar frente al tribunal, Córdoba contó otra historia y hasta dijo que Berni le pagó a Viarnes. Más dichos sobre dichos.El otro personaje es Gabriel Ludueña, un supuesto narco –según él mismo lo reconoció en una cámara oculta emitida por Canal 10– que tiene la suerte de que todas las causas en su contra se vayan cayendo por irregularidades.Incluso, por un "olvido" volvió a la calle hace dos años, cuando se libró de una acusación pero nadie en la Justicia federal se dio cuenta de que otro pedido de captura pesaba sobre él. Demasiados puntos suspensivos para una Justicia que necesita dar respuestas más eficientes. Los espías, los buchones y los inorgánicos conforman una casta que sobrevive en el fangoso terreno propiciado por el descontrol. "Ellos –por los policías investigadores– son nuestros ojos", supo decir un avezado funcionario judicial de Córdoba, antes de concluir: "Ahora no sabemos qué es lo que realmente vemos".