¿Invocación con qué fines?

En los pasillos de los palacios de Tribunales de la ciudad de Córdoba se repite una frase que opera casi como una ley: "Si alguien invoca a una autoridad o a un superior, lo que dice no es necesariamente cierto". Esa forma de "invocar" puede servir de comodín a muchos pícaros para iniciar gestiones, generar tráfico de influencias, pedir una fianza que nadie fijó, meter miedo a quien debe hacer o dejar de hacer algo, o simplemente ser utilizada por mera jactancia.De más está decir que, muchas veces, esas invocaciones no son ciertas.Mientras esa "autoridad" no esté presente para confirmar el mandato, el ardid puede funcionar. A veces, con consecuencias impensadas.Con ejemplos concretos en varios estratos de la Justicia provincial, los "invocadores" pueden ser funcionarios, empleados, abogados y hasta imputados, quienes pretenden mentir cartas que no tienen.Esto parece haber ocurrido en el caso del relator civil de la Fiscalía General de la Provincia, Oscar Daniel Muhana, quien, en nombre del fiscal General Alejandro Moyano –su jefe–, habría iniciado tratativas con jueces o fiscales para influir en la marcha de algunas causas judiciales, según se lo investiga.Al parecer, de comprobarse lo que ya es materia de sumario, esta fraguada gestión era realizada especialmente ante sedes judiciales del interior provincial, donde el contacto con el comando del Poder Judicial es más distante.En este tipo de situaciones engañosas, se ven defraudadas la confianza pública y la independencia de los funcionarios judiciales que son víctimas de esta situación.Si bien en los casos que se analizan las acciones requeridas no se concretaron, los operadores judiciales sufrieron el embate para sentirse de algún modo amedrentados por la supuesta autoridad delegada del fiscal General.En caso de comprobarse estas irregularidades, abonadas por varios testigos, como fiscales y jueces, quedaría algo muy interesante por dilucidar en este caso: ¿con qué interés encaraba el lobbista esas negociaciones?