Investigan a más policías de Drogas

Fabián César Peralta Dattoli y Franco Argüello, dos oficiales de la división Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, fueron imputados por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano por los presuntos delitos de “violación de secuestro” y “violación a los deberes de funcionario público agravado por ser una causa de drogas”. Se trata de otra investigación paralela a la que fue noticia en las últimas horas y que involucra a la plana mayor de esa repartición.

Aunque estas imputaciones se conocieron ayer, Peralta Dattoli y Argüello hace más de un año que fueron involucrados en la causa, pese a lo que continuaron trabajando en Drogas Peligrosas.

Argüello está de licencia ­desde el jueves, luego de que ­esta semana se conociera, a ­través de un informe periodístico de Canal 10, que junto a otros comisarios de la fuerza habrían tenido un trato poco claro con “informantes” no declarados ante la Justicia.

En la causa por la que está imputado desde hace un año, según confirmaron fuentes judiciales y el propio fiscal federal Vidal Lascano, todo se remite al 19 de septiembre de 2011. De acuerdo a la denuncia que consta en el expediente, aquel día, en un operativo antidrogas en la localidad de Villa Ciudad de América, dos personas fueron detenidas en una vivienda acusadas de tener un kilo de pasta base.

Este caso tuvo un giro cuando uno de los acusados denunció que al otro día de ser detenido, Argüello y Peralta Dattoli se habrían contactado en la puerta de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA, que en esa época funcionaba en el edificio de la excárcel de Encausados, de barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba) con una familiar de él, que es abogada. Allí, “habrían entregado en mano de la nombrada, tía de F.O.P., el expediente de una investigación por drogas en Villa Ciudad de América”, según consta en la Justicia Federal.

La mujer se presentó en el edificio judicial y radicó la denuncia. Dijo que eran dos los efectivos que le habían ofrecido una fotocopia del sumario con el argumento de “facilitarle la defensa”. Identificó a uno de ellos como Peralta Dattoli y dijo desconocer quién era el otro. A partir de entonces, comenzó una investigación paralela en la que se identificó al otro policía como Argüello.

En la presentación judicial, F.O.P. asegura que la casa que fue allanada estaba en venta, que él ya no vivía allí y que la otra persona detenida era el ­cuidador (tiene antecedentes por tenencia de cantidades menores de droga).

Aseguró que a la pasta base los policías se la “plantaron”, e indicó que, además, los efectivos policiales que ejecutaron el operativo le robaron un reloj, un teléfono celular y dos anillos de oro. No obstante, la causa por drogas contra F.O.P. continúa abierta, ya que no se ha comprobado que los policías hayan puesto la droga.

Al evaluar las pruebas, en junio del año pasado el fiscal federal Vidal Lascano resolvió imputar a los dos efectivos policiales, además de enviar informes ­oficiales al Jefe de Policía (en ese entonces, Sergio Comugnaro) y al Tribunal de Conducta Policial avisando que ambos habían sido imputados. Pese a ello, los dos continuaron trabajando en Drogas Peligrosas de manera normal.

El delito de violación de sumario prevé penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial.

Aunque en Tribunales Federales se creía que se había tratado de un caso aislado de dos efectivos de Drogas Peligrosas, a raíz de las denuncias conocidas en las últimas horas, la perspectiva cambió. “En este contexto, la causa cobra otra relevancia”, agregó una fuente judicial.

Carta I. El jueves, en una reacción que no registra antecedentes, todos los legisladores de los bloques opositores de la Unicameral se unieron para enviar una carta al gobernador José Manuel de la Sota y solicitar una audiencia urgente para discutir sobre la Policía de Córdoba. "Los bloques de legisladores del Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Frente de ­Izquierda y los Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba y Unión Pro, nos dirigimos a usted para solicitarle que en carácter de urgencia nos reciba en audiencia oficial a fin de abordar la situación institucional de la Policía de Córdoba", se lee en la misiva.

“Día a día conocemos nuevos casos de ‘perejiles’ procesados, pero nunca sucede nada con las redes del narcotráfico, lo que plantea la urgente necesidad de anular la ley de narcotráfico y desafectar de sus funciones al ministro de seguridad Paredes y a los miembros de la cúpula policial”, consideró ayer la legisladora Liliana Olivero.

Carta II. Por su parte, el Gobierno, a través de una carta firmada por el ministro jefe de Gabinete, Oscar González, señaló que los tres policías mencionados en la difusión televisiva "se han presentado espontáneamente ante la Justicia Federal, solicitando se esclarezca lo denunciado (...) Están apartados de sus funciones habituales y en uso de licencia hasta que se esclarezcan su situaciones". Y agregó: "El 5 de agosto, el Tribunal de Conducta Policial solicitó a los fiscales federales de la ciudad de Córdoba que informaran de la existencia o no de causas en la que estuvieran vinculados efectivos policiales (...) Solamente se recibió respuesta de la fiscal López de Filoñuk, quien manifestó que en la fiscalía a su cargo no se registra ninguna causa de narcotráfico con personal policial involucrado. El resto de los fiscales aún no ha respondido". En la carta, no se respondió al pedido de reunión efectuado por los legisladores opositores.