Investigan a guardiacárceles por “premios virtuales”
Luego de dictar prisiones preventivas a presos y familiares de detenidos por asociación ilícita y estafa, el fiscal Enrique Gavier busca establecer la posible complicidad de los penitenciarios.
"Señora, le comunicamos que acaba de ganarse una camioneta 4x4". Palabras más, palabras menos, así comenzaban las llamadas telefónicas o los mensajes de texto que desde cárceles cordobesas se hacían a distintas ciudades y a otras provincias para conseguir que los "ganadores" de esos falsos premios les enviaran dinero en concepto de gastos. Una vez que lograban que los estafados creyeran en el ardid y giraran diferentes sumas (entre cinco mil y 10 mil pesos), los mensajes o llamadas se cortaban de manera abrupta.Esta maniobra descubierta a finales del año pasado arrojó por novedad que en las últimas jornadas los responsables de montar el " call center " en los penales y quienes contribuían desde afuera han sufrido el decreto de prisión preventiva.Pero ahora el fiscal instructor, Enrique Gavier, centra su mira en establecer la responsabilidad que les cupo eventualmente a los empleados y funcionarios del Servicio Penitenciario, particularmente el del penal de Villa María, desde donde los internos efectuaron un inmenso volumen de llamadas entre las 9 y las 21 de todos los días.Para los investigadores, no resulta casual que semejante actividad delictiva se haya efectuado sin que lo sepan los guardiacárceles encargados de la custodia de los presos. Por eso, estiman que hubo omisión o, directamente, participación.Igual pesquisa se hará con los penitenciarios de los establecimientos carcelarios de Cruz del Eje y Bouwer, donde también se detectó esta actividad de " call centers " de "premios virtuales".Los miembros de la Fiscalía de Delitos Complejos entienden que no funcionaron los controles habituales que se supone deben existir en un penal.Entre las motivaciones que impulsan esta investigación se cuenta que les resulta llamativo que en las cárceles no se haya implementado tecnología que inhiba las señales de los teléfonos celulares, tal como está previsto. Si se cumple con lo que otros países utilizan, sería imposible que –al menos desde las cárceles– quienes están cumpliendo una condena continúen delinquiendo a través de diferentes estafas telefónicas (falsos premios y secuestros virtuales son las más comunes).Los operadores judiciales son conscientes de que la principal resistencia para que se aplique esta tecnología parte desde los propios guardiacárceles que de esta manera se verían privados de usar celulares, algo que no les está permitido hacer mientras cumplen funciones. Asociación ilícita A fines de 2015, la organización fue desarticulada en su accionar en los tres penales (Villa María, Bouwer y Cruz del Eje) con apoyo desde el exterior para poder cobrar el dinero de las estafas y una interesante red de recursos para asegurar la operatoria. Gavier acaba de dictar la prisión preventiva para la mayoría de los integrantes de esta banda, a la que le reprocha constituir una "asociación ilícita" y haber cometido "estafas reiteradas". En los últimos días se conoció este agravamiento de la situación de quienes tenían base en Villa María, entre reclusos, sus concubinas y el propietario de un local de Pago Fácil, que además tenía servicio de Western Union y venta de celulares. Mientras a algunos presos no fue necesario dictarles la medida cautelar, sí se lo hizo con el empresario y con las mujeres. En el caso de ellas, la preventiva se hizo efectiva en sus casas porque tienen hijos menores de 5 años.Luego de ofrecer el "premio", les decían a las víctimas telefónicas que se podía cambiar por dinero o recibir el vehículo, pero después les pedían que les enviaran un "depósito" para gastos u otros conceptos inexistentes. El ardid se hacía más efectivo porque la gente que vivía en otras provincias no iba a Córdoba a comprobar que todo era una gran estafa, sino que debía enviarlo por giro bancario (Banco Nación) o a través de un sistema de transferencia de dinero (Western) o por Pago Fácil. El dueño de ese local utilizaba nombres y números de DNI de personas que no sabían que eran usadas para "presentarse" a cobrar. En el Banco Nación terminaron deteniéndolos, pero en el local de pago fue más difícil establecer el engaño. Imputados Al final, se descubrió que el titular del call center no sólo que contribuía a hacer efectiva la estafa, sino que también brindaba los chips y los celulares que les servían a los presos para montar el " call center " carcelario. Gavier, al confirmar los extremos de su investigación, solicitó la prisión preventiva de María Soledad Ceballos, Camila Shirley Mónaco, Melisa Johana Presidente, Cristian Diego Palacios, Pablo Alejandro Maldonado y Jorge Alberto Sanduey. A Federico Leandro Otaiza le reprocha la calidad de "organizador" de la banda.Por otra parte, a los reclusos Roberto Carlos Arnaudo y Marcelo Ramón Fernández no les dictó prisión preventiva porque ya están cumpliendo otra condena.

