Sucesos
El caso del presunto robo de ganado al influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido mediáticamente como “La Joya Agro”, dio un giro drástico en los tribunales provinciales de Villa Constitución, en Santa Fe.
El fiscal Ramiro Martínez imputó a Nicolás Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza en calidad de autor, descartando la hipótesis inicial de un simple abigeato o robo rural.
La resolución de esta primera instancia judicial, a cargo de la jueza María Sol Usandizaga, avaló la investigación del Ministerio Público y determinó medidas restrictivas para el acusado.
Entre las principales disposiciones dictadas, se le impuso a Coscia la fijación de un domicilio y la prohibición estricta de salir del país por el plazo de 90 días, informaron medios locales.
El conflicto tomó una relevancia nacional inédita tras un video publicado por Riboldi, quien cuenta con más de tres millones de seguidores entre sus plataformas de Instagram y TikTok.
Una maniobra comercial bajo la lupa
La acusación fiscal sostiene que Coscia dispuso ilegítimamente de 161 animales aprovechando una relación comercial previa y la confianza depositada por el denunciante.
Los bovinos en disputa, valuados en más de 300 millones de pesos, fueron trasladados el pasado 25 de febrero desde el establecimiento “La Cañada”, ubicado en Santa Teresa.
Para lograr este movimiento, se habrían utilizado documentos de tránsito electrónico (DT-e) de Senasa, emitiéndolos presuntamente de manera irregular a través de la firma Agroganadera del Este S.A.S.
Del total trasladado, 104 animales fueron facturados a favor de la empresa Agrolap S.R.L. y otros 57 a nombre de Establecimiento P.V.G. S.A.S., concretando la entrega en un feedlot de Chabás.
La intervención de la Guardia Rural “Los Pumas” permitió localizar el rodeo, identificar las marcas de la hacienda y restituir los ejemplares a su propietario original tras la denuncia pública.
El trasfondo societario y los argumentos de la defensa
La defensa técnica del imputado, encabezada por el abogado Pablo Morosano, rechazó de plano las acusaciones por defraudación y apuntó directamente contra el relato público del influencer.
Morosano aseguró ante la jueza que existía un contrato verbal de “capitalización de hacienda” y que este era el tercer ciclo de engorde que las partes realizaban en sociedad.
“Lo que se veía en las redes era un circo”, declaró el letrado en relación a los videos, argumentando que la venta de los animales contaba con el aval previo del propio denunciante.
Según la versión del entorno del acusado, Riboldi habría solicitado liquidar el ganado a principios de marzo para obtener liquidez inmediata, hecho que buscarán probar mediante mensajes de texto.
Además, la defensa advirtió que el único perjudicado en la actualidad es el acusado, quien realizó el trabajo veterinario y de mantenimiento sin cobrar la liquidación correspondiente por la hacienda.
Emisión de nuevas guías y alerta financiera
Un elemento central de la acusación señala que el 17 de marzo Coscia se presentó personalmente para gestionar ante Senasa nuevas guías de traslado por 190 bovinos adicionales.
Esta segunda gestión oficial fue detectada y anulada a tiempo por Riboldi, siendo considerada por la Fiscalía como un intento de dar cobertura formal a la disposición que ya se había efectuado.
En paralelo, la investigación penal puso el foco en el estado patrimonial de Nicolás Coscia, quien atravesaría una severa crisis económica que podría funcionar como móvil del hecho.
Los registros del sistema bancario indican que el productor imputado acumula deudas por más de 200 millones de pesos, siendo calificado con alto riesgo de insolvencia.
A este complejo panorama se suma un historial bancario crítico con 161 cheques rechazados por falta de fondos, que superarían los 700 millones de pesos en pasivos exigibles.
Próximos pasos en la investigación judicial
El fiscal Martínez solicitó informes exhaustivos a los entes de control sanitario para auditar las altas y bajas operadas en el sistema informático durante las semanas en conflicto.
El objetivo principal es determinar con exactitud cómo se emitieron los permisos y si se vulneraron los controles administrativos estatales durante el cuestionado traslado a Chabás.
Mientras tanto, las autoridades policiales de la provincia de Santa Fe continúan con las tareas de inteligencia y rastrillaje para localizar a los 29 vacunos que aún permanecen desaparecidos.
Por su parte, la empresa consignataria Aguirre Vázquez, que intermedió de buena fe, se puso a disposición de la Justicia y adelantó que presentará una denuncia formal para esclarecer el caso.
El avance de las pericias documentales y la apertura de las comunicaciones definirán en el corto plazo si este mediático conflicto consolida la figura penal o deriva en un exclusivo pleito comercial privado.