Funcionaria de Rentas y una contadora irán a juicio

Una investigación a cargo del fiscal de Instrucción del Fuero Anticorrupción y Penal Económico de 2ª Nominación, Gustavo Hidalgo, culminó la semana pasada con la elevación a juicio de una causa en la que están imputadas una funcionaria de la Dirección de Rentas y una contadora pública que habrían actuado como socias y habrían cometido delitos relacionados con el tráfico de influencias y el cobro de dádivas. Verónica Elena Maidana –la funcionaria de Rentas– y Marcela Antonia Pivetta, la contadora pública, están imputadas como supuestas coautoras responsables de tráfico de influencias.Este delito castiga a quien "por sí o por interpuesta persona solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valor indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones". Las actuaciones se iniciaron hace dos años luego de la denuncia efectuada por la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba, luego de que la Dirección de Rentas detectara irregularidades. La dependencia oficial se constituyó como querellante a través de la Procuración del Tesoro Provincial. Complicadas De acuerdo con la acusación, se establecieron los mecanismos que complicarían a ambas mujeres. Maidana, empleada de Rentas, actuaba de consuno con la contadora Pivetta, quien sería su socia. Ambas conocían de la preocupación de la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba de trámites pendientes de resolución ante la Dirección de Rentas, como la exención del pago de ingresos brutos y el reintegro de dineros mal retenidos. Sabiendo que había en juego unos 600 mil pesos, se habrían contactado con directivos de la federación ofreciéndoles los servicios del estudio contable de Pivetta, quien tendría a cargo la realización del trámite mientras que Maidana agilizaba los mismos, con el consiguiente pago de honorarios profesionales.De este modo, Maidana habría hecho valer indebidamente su influencia ante funcionarios para agilizar el trámite de renovación de exención impositiva, como así también el reintegro de las sumas erróneamente debitadas en dicho concepto. Por todas estas gestiones, se habría cobrado una dádiva, que consistía en un rédito económico para ambas imputadas.