Dos policías cerca de ir a la cárcel por el espionaje ilegal

En tiempo casi récord, si se tienen en cuenta los largos plazos que la Justicia se suele tomar para resolver este tipo de apelaciones, la sala 4 de la Cámara Federal de Casación confirmó las penas contra dos ex altos efectivos de la Policía de Córdoba, que en febrero de este año fueron condenados por falsificar oficios judiciales. La finalidad, según se comprobó, era obtener de manera fraudulenta sábanas telefónicas de diferentes personas e instituciones.

Se trata de una causa que tanto en ámbitos policiales como tribunalicios se conoció como un "espionaje" ilegal cuya finalidad todavía es materia de toda clase de suspicacias.

De esta manera, los dos acusados, un comisario mayor y un sargento que durante años se desempeñaron en un área clave de la Policía de Córdoba, quedaron muy cerca de ir a la cárcel, ya que en ambos casos las penas son de cumplimiento efectivo.

Para eludir la prisión, sólo les queda que la Corte Suprema de la Nación dé lugar a un recurso extraordinario que plantearon los abogados defensores.

Los acusados son: el comisario mayor retirado Ángel Ariel Ávila (47), quien estaba a cargo de la Dirección de Análisis e Investigación de las Comunicaciones (Daic) de la Policía de Córdoba; y uno de sus dependientes, el suboficial mayor retirado Rubén Adrián "Carpincho" López (54).

Ambos fueron condenados por falsedad ideológica debido a que fraguaban oficios judiciales para pedir a las compañías telefónicas que les proporcionen información de celulares de particulares que, en realidad, no eran investigados por la Justicia.

Mientras que el excomisario mayor Ávila recibió cinco años de prisión (e inhabilitación especial por 10 años), el exsargento López recibió una pena de cuatro años de prisión (inhabilitación especial de ocho años). Ambos están libres.

Durante el extenso período en el que la causa estuvo en instrucción hasta que fue elevada a juicio, pese a que los dos policías estaban procesados, ambos continuaron ascendiendo en la fuerza e incluso ocuparon cargos muy importantes, en especial Ávila.

El fallo de Casación que ahora dejó firme la sentencia fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Si bien esta instancia se resolvió el pasado 20 de agosto, recién en las últimas horas se divulgó de manera pública.

De esta manera, fueron rechazados los recursos de casación interpuestos por los defensores Justiniano Martínez y Martín Cafure, quienes entendieron que se había adjudicado de manera errónea el carácter de instrumento público a los oficios policiales.

Los jueces de Casación, al igual que el tribunal que juzgó a los policías, subrayaron que sí son instrumentos públicos.

En una primera instancia, el pasado 17 de febrero, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, integrado por los jueces Carlos Julio Lascano, José Fabián Asís y José María Pérez Villalobo, condenaron a Ávila y López.

Según la causa que instruyó la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, y que en su momento significó un gran escándalo en el interior de la Policía, a los imputados se les adjudican 33 hechos de falsedad ideológica, aparentemente ocurridos entre 2007 y 2009.

Se les endilga haber fabricado oficios judiciales truchos –invocando pedidos judiciales inexistentes– para solicitar a las empresas telefónicas la titularidad de una línea, las llamadas entrantes y salientes, las celdas, los mensajes de textos y otros datos de diversas personas.

Lo que nunca se pudo establecer fueron los motivos por el que requerían esta información con fines ilícitos.

En los alegatos del juicio, el fiscal de Cámara, Carlos Gonella, indicó: "Se debe investigar si era para un beneficio económico o con fin de espionaje". Y agregó: "Fue especialmente grave la intromisión a la intimidad de las personas por ser un derecho constitucionalmente resguardado".

“Esta oficina (policial) y sus dos imputados actuaban como si fueran (el agente de inteligencia Jaime) Stiuso, pues tanto poder tenían que podían averiguar lo que cualquier autoridad política o judicial les solicitaba, o para su propio lucro”, resumió, por su parte, el juez Pérez Villalobo en los fundamentos de la sentencia.

La investigación judicial se quedó a mitad de camino.

Pese a la gravedad de la causa, la investigación judicial no logró avanzar y determinar quiénes eran las víctimas del espionaje y con qué finalidad se hizo. La sospecha es que esos registros eran, por lo menos, vendidos a particulares. Por causas no aclaradas, no se avanzó en saber quiénes fueron los espiados. Ni se los llamó a declarar. En el juicio, siempre quedó claro que el fiscal Carlos Gonella se sintió atado de manos para ir más allá en la acusación contra los policías.