Denuncian otra mesa de dinero en Bacar

Una mujer que asegura que desde 2008 realizó depósitos en una mesa de dinero que funcionaba en la firma Bacar denunciará hoy en la Justicia federal al titular de esa empresa, Juan Carlos Barrera, por estafa, intermediación financiera clandestina y asociación ilícita. La particular reclama desde febrero de este año –días después de la caída de Cordubensis (CBI)– que le devuelvan 32 mil pesos y 21 mil dólares depositados en la empresa con sede en Olmos 431, del centro de la ciudad de Córdoba. Laura Lucrecia Sabasta es licenciada en Administración de Empresas y jefa seccional del área Desarrollo en la Dirección General de Catastro de la Provincia.Patrocinada por el abogado Carlos Nayi, asegura que desde 2008 venía haciendo depósitos en pesos y en dólares –a tasas diferenciadas– en Bacar, que fue aumentando esos montos y que podía sacar sin problemas sus ahorros durante cinco años. Con sólo avisar 48 horas antes, la disponibilidad de sus fondos era total. Sin embargo –siempre según la denunciante–, en febrero de 2014, tras celebrar el último acuerdo, quiso retirar sus ahorros al enterarse de que CBI había caído, pero no le reintegraron su dinero. El teléfono de Juan Carlos Barrera, al que siempre llamaba, dejó de responder y, cuando concurrió a la sede, no la recibieron. Asegura que primero fue atendida por Gregorio Wainscheinker, quien le refería que Barrera estaba de viaje y, finalmente, a fines de ese mes fue recibida por el titular de la compañía.En esa ocasión –sostiene Sabasta–, Barrera le dijo que no podían devolverle los depósitos porque se encontraban afectados por la situación de CBI. "Nos han metido en esto, que es injusto y no tenemos nada que ver", habría explicado el empresario, según sus dichos.Tras esta conversación, afirma que quedaron en llamarla para darle un plan de pago, pero que nunca más se comunicaron con ella. Ahora, la mujer insiste en que le devuelvan los 32 mil pesos y los 21 mil dólares que colocó junto con su hermana. Documentación La relación se gestó en 2008, a partir de la contratación de una caja de seguridad que hasta hoy conserva, con la denominación H-33. Asegura que, tras iniciar ese contrato, le avisaron que allí funcionaba una mesa de dinero y le ofrecieron colocar depósitos a una tasa elevada. En el último acuerdo que exhibe, incluyeron una tasa nominal anual del 15 por ciento en pesos y del 12 por ciento en dólares. Sobre la denuncia que presentará hoy en la apertura de Tribunales federales y ante el fiscal Enrique Senestrari, Nayi sostiene que ya había escuchado de clientes de esta mesa de dinero, pero nunca le había llegado documentación probatoria, como el comprobante que recibió Sabasta el 17 de febrero con membrete de Bacar y las firmas correspondientes.Para el abogado, el inicio de la operatoria en 2008 y la modalidad de funcionamiento marca coincidencias con la operatoria de CBI, firma en la cual Barrera fue directivo y su hijo Mariano socio accionista fundador."El documento no es contrato de asistencia ni contrato de mutuo", sostiene Nayi, quien lo exhibe y donde se lee "Documento de depósito / Comprobante interno". Al final, están las firmas y una leyenda que señala "Destinatario: Tesoro-Bacar". Para cerrar el ejemplar, se incluye en letra chica: "Se deja constancia de que este es el único comprobante de depósito existente al día de la fecha, reemplazando cualquier otro anterior".A Barrera y a sus hijos Mariano e Iván, Senestrari les allanó sus empresas y domicilios en busca de pruebas para la causa CBI. Luego, todas las cajas de seguridad fueron interdictadas, hasta que algunas quedaron bajo resguardo judicial.Fuentes judiciales mostraron su disconformidad con la información suministrada por Bacar-Blinbox respecto de los titulares de esos cofres. Los mismos voceros refirieron que estaban en análisis imputaciones a miembros de esa empresa.

Recurso. Podría tornarse abstracto el recurso de queja del fiscal Enrique Senestrari por el rechazo del juez Ricardo Bustos Fierro a sus pedidos de detención de los imputados en la causa CBI. Fuentes de la Cámara Federal de Apelaciones, donde el acusador hizo la presentación, consideraron que las exenciones de prisión concedidas el lunes por Bustos Fierro harían perder sentido al pedido anterior realizado por Senestrari.

Por esto, los voceros de ese tribunal sostuvieron que sólo queda por considerar en esta causa la recusación que hizo la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Gobierno nacional. Como ya se anticipó, la resolución también se inclinaría por el rechazo, tal como sucedió con el pedido de apartamiento del juez Bustos Fierro que había hecho Senestrari, debido a que subsisten las circunstancias.