De ser “amigos con derechos”, a una condena de seis años por violación

En 2015 Maximiliano Gérez aspiraba a integrar las filas de la Policía de Tierra del Fuego. Allí, en Río Grande, conoció a una mujer, hija de un fiscal federal, que daba clases a los futuros uniformados.

Cruzaron teléfonos y se empezaron a hablar por redes sociales. Ella vivía en Buenos Aires, pero cuando iba a Río Grande a visitar a su familia se encontraban, según el expediente.

Ambos describieron a la relación como de “amigos con derechos”. Pero todo cambió en la mañana del 1° de enero de 2019.

Ella había viajado a pasar las fiestas con su familia. Después de la cena de fin de año, se cruzaron en una discoteca de música electrónica de Río Grande.

Cada uno estaba con amigos. Gérez estaba de novio en aquel entonces. Su novia, según él mismo, estaba presente en el lugar.

Se fueron juntos con la denunciante y ella le aclaró que sin preservativos no iban a mantener relaciones. Tras mantener un “juego sexual”, y mientras ella -según la causa- le dijo que no avanzara más, él la penetró, publicó Infobae. Luego, el policía -según el expediente- le pidió perdón.

Ella le pidió ayuda a una amiga para irse a su casa. Al llegar, se bañó porque se sentía “sucia, asqueada”. Al día siguiente le contó a su madre lo que había pasado y fueron a hacer la denuncia penal.

La semana pasada, Gérez fue condenado “por abuso sexual con acceso carnal a seis años de prisión” tras un juicio en el Tribunal en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de su provincia, integrado por los jueces Juan José Varela, Eduardo López y Marina Montero, publica El Sureño.

Durante el debate, el acusado negó en su indagatoria la denuncia en su contra y dio otra versión de lo sucedido. Explicó cómo se habían conocido con la víctima y aseguró que siempre que se veían tenían encuentros sexuales, consentidos y sin preservativo.

Aquella noche, asegura él, ella le insistió para verse y en el boliche intentó besarlo, algo a lo que él se negó porque estaba su novia. Pese a eso, cuando su pareja ya se había ido, se fueron juntos a su casa.

En su declaración, el acusado afirmó que antes del encuentro le había dicho que “quería hacer las cosas bien con su novia para formar algo” y tenían que dejar de verse.

“Me quería morir, no podía entender tanto despecho”, continuóel uniformado.

“Nunca forcé a nadie para tener relaciones sexuales. Me cagaron la vida. Soy inocente de todo lo que se me imputa. No puedo creer que hay cuatro versiones de declaración testimonial diferente. Hablan y se meten en mi oficio diciendo que tienen miedo a la policía, cuando el que debería tener miedo soy yo. Soy un simple civil en este momento que va contra la familia de un fiscal federal”, sintetizó.

La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, tiene 24 años, ratificó su denuncia, con los detalles sobre su encuentro aquella noche.

“Varias veces le había dicho que no quería ser penetrada. Lo expresé con la voz, el cuerpo y las manos pero mi voluntad no fue respetada”, afirmó.

Aportó chats de diálogos que habían tenido en 2016, apenas la relación comenzaba, donde le escribía que la forzaría.

Además, los jueces escucharon los audios que ella envió a sus amigas contándole lo que le había pasado.

“Pasaron tres años y lo único que quiero es olvidarme”, respondió. “Todos los encuentros fueron con consentimiento salvo ese. En las otras oportunidades nunca había sido agresivo, puede que intercambiábamos mensajes eróticos pero no recuerdo el contenido. Ese día fui a tener relaciones sexuales. Al advertir que no tenía preservativo, la idea fue llevarlas adelante sin penetración”, insistió.

Dos amigos también coincidieron con la joven. “Sufrió una violación porque fue forzada a algo que no quería”, dijo uno de ellos. También la médica forense que analizó a la víctima y al acusado. La muje fue cuestionada por la defensa porque la propia víctima reconoció que había sido profesora suya.

La querella dio por probado los hechos y la autoría del acusado y pidió para el acusado una condena de siete años y medio de cárcel, con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, y la detención al momento de la sentencia. La fiscalía, en tanto, también consideró probado que existió un abuso sexual. Pero tras evaluar atenuantes y agravantes, el fiscal Jorge López Oribe pidió la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista para el abuso sexual.

Así, los magistrados analizaron las pruebas: dieron por creíbles los dichos de la víctima porque “se hizo cargo de sus conductas, no maquilló el discurso ni procuró construir un personaje, nos contó su realidad, vimos una mujer con ideas claras que tiene sujetadas con firmeza las riendas de su vida”, sostiene el fallo.

Pero también validaron “las constataciones médicas y los dichos de la víctima lo cual respalda e incrementa el umbral de credibilidad”, junto al relato de sus amigos porque “a todos les brindó un relato uniforme en el sentido de que el acusado la penetró analmente sin su consentimiento”.

El acusado, en cambio, “negó esa penetración pero no contrastó prueba que la acreditó” y por eso “su posición quedó fuertemente debilitada”.

Tampoco el tribunal avaló la teoría del despecho como factor para hacer la denuncia. El acusado y la víctima “no eran novios ni proyectaban la vida en común, ella no estaba enamorada de él; desde esa realidad el argumento de ‘despecho’ luce insustancial”, dijo el tribunal.

Otro de los elementos que se valoraron fue que el acusado borró los mensajes de la víctima y “a esta altura es claro que buscó desaparecer prueba que no lo favorecía”.