De puestas en escena y planes que se desvanecen
En 2011, la Nación lanzó un ampuloso plan contra el narco que se desdibujó. Ahora, se decreta la emergencia en narcotráfico y se anunciará otro vasto proyecto con agencia de seguridad federal incluida. La Justicia no fue convocada aún. El narco crece y el vecino percibe todo como una mera propaganda.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Quién puede plantarse y dudarlo. Quizá por eso suena auspicioso, aunque tardío, que el Gobierno nacional reconozca la situación crítica en materia de seguridad en Argentina y declare la emergencia nacional, haciendo foco en el narcotráfico. Se trata de una ley que se pondrá en práctica vía decreto presidencial.El plan –anunciado días atrás por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras una reunión del Consejo de Seguridad Interior– se basa en una serie de puntos clave como el hartamente anunciado "refuerzo" de los controles fronterizos (principalmente, en el norte del país); la compra de equipos para las fuerzas de seguridad provinciales y federales; la unificación de bases de datos e información entre estas, y la promesa de un trabajo en conjunto entre todos.En ese esquema, se espera que el Gobierno nacional, más que volver a la carga con el efectista proyecto de ley de derribo de aviones narco, termine de delinear y presente la anunciada agencia federal de lucha contra el crimen organizado, un proyecto de fuerza de investigadores que fue lanzado por Mauricio Macri durante su campaña presidencial.La declaración de emergencia en narcotráfico suena positiva y válida en un país que –contrariamente a como tantas veces dijeron Sergio Berni y Aníbal Fernández (exsecretario de Seguridad y exjefe de Gabinete, respectivamente, en la gestión K–, hace años dejó de ser simple ruta de paso de drogas.Argentina es un territorio que se capacita y perfecciona año tras año en la producción, preparación y comercialización de estupefacientes, tanto para el consumo interno como para satisfacer la demanda de países de Europa.Lo sabe el vecino de Salta cuando ve pasar cargamentos de pasta base procedentes de Bolivia.Lo sabe el habitante de Misiones y el de Chaco que ven entrar la marihuana desde Paraguay por tierra y agua.Lo sabe el que vive en Santiago del Estero cuando ve las avionetas narco que surcan los cielos.Lo sabe el ciudadano de Córdoba cuando huele cómo se fabrica cocaína en cualquier "cocina" a cualquier hora.Lo sabe quien reside en Mendoza o Neuquén y ve de qué forma llega cocaína y se divide entre la que se queda para consumo y la que se prepara para Chile.Lo sabe el residente del conurbano bonaerense o de Rosario que ve de qué manera las bandas narco crecen y, a la vez que siembran el terror, expanden sus tentáculos, corrompiendo a policías, jueces y políticos.Lo sabe cualquiera con mirar un poco a su alrededor. Y aquí radica la cuestión central: esto se sabe desde siempre y siempre nos quedamos en meros anuncio s y promesas oficiales. Un escudo agujereado A mediados de 2011, tres meses antes de su reelección, la ahora expresidenta Cristina Fernández lanzó, a todo cartel, el "Escudo Norte", un megaoperativo de seguridad que tenía eje en el control de nuestras fronteras y que se basaba en la radarización, el patrullaje aéreo y la afectación de cientos y cientos de efectivos, principalmente de Gendarmería y de Prefectura, en la lucha contra las bandas narco. La foto de los Pucará y los helicópteros expuestos junto a uniformados vestidos para la guerra es una imagen guardada en la memoria.El plan, si bien (es justo decirlo) permitió el secuestro de varias toneladas de marihuana y algunos cientos de kilos de cocaína en algunas rutas, no pasó de un mero ampuloso anuncio, que se fue desvaneciendo con el paso de los años y de los presupuestos. Y el narco lo aprovechó.De allí las dudas que provocan estos anuncios oficiales –como ahora el de la emergencia nacional– en quienes pagan los impuestos, sufren al narco en su vida cotidiana y han visto reiteradas veces a estos lanzamientos como una gran puesta en escena; una escenificación más cerca del marketing y la propaganda que de un trabajo serio. Teléfono sin señal No menos inquietante es la distancia que ha existido hasta ahora, por un lado, entre los responsables políticos de la seguridad y sus fuerzas policiales y, por el otro, la Justicia. ¿Cómo se puede elaborar un plan contra el narco si nadie se sienta a la misma mesa con jueces y fiscales? ¿Cómo se puede trabajar en serio si la Justicia, que de hecho trazó en varias oportunidades elementales diagnósticos sobre el avance del narco y sus vínculos con políticos, policías y hasta funcionarios judiciales, no es convocada?Salvando las distancias, los mismos interrogantes surgen en Córdoba, donde el Gobierno provincial lanzó hace días un (otro más) ampuloso plan de seguridad policial-ciudadana a largo plazo que todavía figura en un Power Point, carpetas de prensa y en una fuerte campaña publicitaria por ser lanzado en poco tiempo.En este proyecto de plan de seguridad y en las reuniones que se vienen realizando, tampoco se convoca a la Justicia. No se llama ni a fiscales de instrucción, ni a sus secretarios, ni a los responsables de las unidades judiciales, que son quienes reciben las denuncias de los ilícitos, dirigen las investigaciones y pueden aportar sus conocimientos. Las mesas de tres patas, tarde o temprano, se caen.

