De jefes policiales, negligencias y muerte

Si algo está escrito en la Policía de Córdoba en los últimos años es que muchos, demasiados, jefes de la fuerza no estuvieron a la altura de sus rangos y de las expectativas públicas puestas en su función.

Dejando de lado a los funcionarios déspotas, a quienes sacaron tajadas para sus bolsillos a costa del trabajo de otros o de fondos públicos, a aquellos que acosaron o cometieron delitos graves y lograron sortear a la Justicia, están quienes directamente fueron más allá y pusieron a sus propios efectivos en situaciones de riesgo, tanto para sí como para terceros.

La biblioteca criminal cordobesa recuerda episodios como policías que fueron a trabajar sin chalecos antibalas o chalecos prácticamente vencidos; uniformados a bordo de vehículos con gomas lisas, casi sin frenos o con serios problemas mecánicos; recargas de trabajo pese a la falta de un descanso suficiente; o bien efectivos que debieron salir a patrullar y vigilar solos a bordo de un móvil, sin el debido acompañamiento de un par, y tener que vérselas solos ante delincuentes armados.

Para peor, en este punto, la obediencia debida que se ejerce y se hace ejercer, a pesar de esta democracia próxima a cumplir 34 años, deja sin margen alguno a los policías de menor rango no sólo para rechazar el cumplimiento de una directiva, sino incluso para plantear reparos.

Sin nadie que los preserve, pareciera que muchos policías no sólo deben cuidarse a sí mismos, sino bregar para que su jefe o jefa sea alguien, por lo menos, racional.

A fines de 2014, se escribió uno de los peores capítulos de la historia reciente de la Policía de Córdoba. Tres uniformados murieron cuando el patrullero en el que viajaban comenzó a dar volteretas en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Laguna Larga. Otros tres efectivos salvaron su vida de milagro.

Sí, iban seis.

Seis en un vehículo con capacidad para cinco. No sólo eso: detrás iba otro móvil con otros seis uniformados.

Ninguno de los 12 pudo chistar cuando sus jefes de Villa María ordenaron viajar así a Córdoba en busca de otros patrulleros del taller, violando normas de tránsito y poniendo en riesgo vidas propias y de eventuales terceros.

La pericia judicial determinó que el reventón de un neumático fue lo que terminó causando las muertes de los policías Diego Torelli, Miguel Ángel Ramos y Leonardo Rivero.

La investigación del por entonces fiscal Gustavo Atienza, con varios puntos endebles, terminó en nada: el funcionario concluyó, palabras más palabras menos, que no había culpas y que todo había sido obra de la mismísima fatalidad.

El responsable máximo, el comisario Rodolfo González, luego de estar “frizado” por algún tiempo (como se dice en la misma jerga policial), fue sacado de Villa María y enviado a Capital, para terminar ocupando la jefatura de Bomberos y luego la titularidad de la controvertida Dirección de Control de Gestión Policial.

Los familiares de las víctimas de la tragedia de la autopista entendieron dos cosas: por un lado, que había culpas de los jefes; por otro, que era necesario seguir peleando por justicia.

Así fue que, tras apelar, la Cámara del Crimen de Río Tercero ordenó reabrir la causa y mandó a investigar no sólo a González, señalado de haber sido quien ordenó el traslado de los seis uniformados en un patrullero, sino también al comisario Gustavo Novarese, quien iba en otro móvil.

A nivel interno poco sucedió. Vale decirlo, tanto González como Novarese son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, resta ver si la nueva investigación avanza para determinar eventuales responsabilidades.

¿Hace falta decir aquí que, así como deben hacer cumplir la ley a los ciudadanos, los jefes policiales también deben respetarla?

Las preguntas se disparan: ¿qué hubiera pasado si ese móvil impactaba otro rodado? ¿Qué hubiera sucedido si los policías se hubieran negado a viajar así? ¿Hubieran podido negarse? ¿Se controlará ahora para que estos episodios no se reiteren?

Como si no fuera suficiente, otra tragedia vial con un uniformado vuelve a dejar en la nebulosa a jefes de la Policía.

Es el caso del sargento Juan de Dios Ayala (42), quien falleció en febrero pasado al perder el control de una moto mientras custodiaba al juez Juan José Rojas Moresi, cuando este andaba en su auto en el cruce de avenidas La Voz del Interior y Circunvalación, en la ciudad de Córdoba.

El mismísimo juez reconoció en su momento que, semanas antes, había pedido al jefe de Policía, Gustavo Vélez, que les “proporcionaran mejores motos a los guardaespaldas”.

Hoy, la familia de Ayala (acompañada por otros efectivos que no pueden dar sus nombres para no recibir represalias) recorre despachos y pasillos en reclamo por una justicia que no llega.