Danza de nombres de CBI sube el voltaje

La aparición de nombres en torno de la investigación por irregularidades en Cordubensis (CBI) comienza a generar entre los actores cruces de insospechadas consecuencias. Ayer, el viceintendente Marcelo Cossar cargó contra quienes le preguntaron por qué no incluyó en su declaración jurada a su empresa Juanmar SA y aconsejó que mejor se ponga la mira en políticos, empresarios y hasta en funcionarios judiciales que estarían involucrados en el movimiento de esa financiera. Cossar sostuvo que "Córdoba tiene que saber del primero al último político o funcionario judicial que tenía cuenta o caja (de seguridad) en esa financiera". Molesto con la información de que la empresa que comparte con Juan Pablo Ostanelli –secretario privado del intendente Ramón Mestre– no fue incluida en su declaración jurada, dijo que Juanmar "es una sociedad que nunca se transformó en empresa, jamás tuvo una actividad, ni un solo movimiento". "No tengo ni tuve nunca una empresa", agregó.Luego explicó que aportó sólo el cinco por ciento de la constitución, que representó sólo 187 pesos, y el restante 95 por ciento corrió por parte de Ostanelli.En declaraciones a radio Mitre 810, el titular del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se quejó porque es mencionado con un tema relacionado con CBI, pese a que existen otras personas que él considera que realmente están involucradas. "Debiéramos estar hablando de la estafa más grande de Córdoba, que es el tema CBI. Yo no conozco a nadie de ahí, ni puse un peso, ni tengo caja de seguridad, ni he pasado enfrente", sostuvo. Y agregó: "Hay gente que debe dar explicaciones en este tema: empresarios que sacaron 20, 30, 40 millones de pesos en un día. No tengo nada que ver con esta cloaca, donde sí tienen que dar explicaciones grandes figuras de la política y el empresariado", sostuvo. Maidana y la mesa La mañana de ayer –enmarcada por la segunda jornada de indagatoria del presidente de CBI, Eduardo Rodrigo– fue caja de resonancia para la mención de nuevas implicancias. Mientras, el fiscal federal Enrique Senestrari sostuvo que en su indagatoria del miércoles Rodrigo afirmó que la actividad financiera irregular se llevaba a cabo desde 2008, cuando pasó de ser gerente financiero a socio. "Rodrigo dice que (la supuesta mesa de dinero) funcionaba desde comienzos de 2008. Falta comprobar si esto es tal cual él lo dice. Él habló que desde su ingreso a este lugar había características de una mesa de dinero", dijo el fiscal por medios radiales.Minutos después, cuando Rodrigo ingresó a Tribunales, su abogado Carlos Palacio Laje también dijo que en la financiera funcionaba una mesa de dinero desde 2008 y agregó que el actual presidente del Banco de Córdoba, Fabián Maidana –socio en ese momento–, debía estar al tanto.La respuesta se hizo esperar pero, en horas de la tarde, allegados a Maidana se comunicaron con nuestra Redacción para sostener que él se sumó en 2008 por interés del negocio de cajas de seguridad, gestión de tesorería e inclusive la posibilidad de ser agente de algún banco, como así también asesorar a los inversores en negocios vinculados al aspecto financiero y de fideicomisos, que era su especialidad. Según ese vocero, Rodrigo ingresó como gerente luego de comenzar la actividad y justamente Maidana se retiró "porque tenía serias diferencias de criterios en la manera de plantear el negocio de la sociedad y su administración, habiendo iniciado varios meses antes de su salida el proceso de negociación para lograr su desvinculación". El traspaso accionario por el cual Maidana quedó desvinculado se concretó el 23 de diciembre de 2009.Días atrás, el abogado Carlos Nayi presentó denuncias de particulares que exhibieron contratos de mutuo firmados en la época de Maidana.Más allá de todo, recién a fin de 2011 fueron incluidos en el Código Penal los nuevos delitos de intermediación financiera, por lo cual hasta entonces el funcionamiento de las mesas de dinero no era ilegal, si bien puede generar otros reproches. Empresas Respecto de la comunicación del Banco Central de la República Argentina conocida en los últimos días, por la que se solicita a las entidades crediticias información sobre los 10 imputados de la causa CBI y sobre una serie de empresas vinculadas con la investigación, ayer se conocieron algunas precisiones. La redacción es confusa pero se advierte que se bloquean las cuentas de las personas físicas, no las de las empresas. Si esto hubiera ocurrido, las consecuencias serían graves, como la paralización del sistema de transporte (por Siemens) o la actividad de otras firmas que necesitan un constante giro financiero. Al respecto, la constructora Euromayor SA, mencionada en esa nota por requerimiento del Juzgado Federal N° 1 que investiga la causa, emitió un comunicado para "aclarar que le ha sido requerida información bancaria respecto a su habitual desempeño como cliente, la cual ha sido respondida satisfactoriamente en tiempo y forma". La nota asegura que estos requerimientos "son habituales" en esta empresa que cotiza sus acciones en Bolsa y que es supervisada por la Comisión Nacional de Valores.Aclaración: En la edición impresa se consignó por error que el abogado Nayi había presentado una denuncia de damnificados con mutuos firmados por Maidana. En realidad, como se lee ahora en esta nota, el letrado dijo que los mutuos fueron firmados en la época de Maidana en esa empresa.