Culebrón judicial detrás de la presunta megaestafa

Los abogados Alejandro Damia (51) y Ernesto Blanco (66) y el contador José Abel Salomón (54) recuperaron la libertad en las últimas horas luego de que el juez de Control Esteban Díaz Olmos declaró nula la prisión preventiva dictada por el fiscal Enrique Gavier y su decreto de elevación a juicio de la causa por la presunta apropiación de terrenos públicos de la Costanera norte del Suquía, en la ciudad de Córdoba. Los tres habían sido detenidos la semana anterior por orden del fiscal, que luego debió inhibirse por la designación de su primo Ernesto Gavier como defensor del único de los 18 imputados que permanece privado de su libertad, el empresario y corredor bursátil Gustavo Trebucq (56).A este trío de liberados, Gavier les había adjudicado el liderazgo de la asociación ilícita que se cayó, según criterio del juez Díaz.El magistrado declaró la "nulidad absoluta" tanto del requerimiento de elevación a juicio de todos los imputados como del decreto de prisión preventiva de Salomón, Damia y Blanco.Y ordenó la inmediata libertad de los tres.No obstante, Díaz fijó para cada uno una caución (fianza) de cinco millones de pesos, que deberán integrar en los próximos días.De la primera lectura de la resolución de Díaz, se deduce que se cayó la "asociación ilícita" que pretendía el fiscal Gavier, pero subsisten los otros ilícitos que se les endilgan a los imputados, como falsedad ideológica, usurpación y estafa.La investigación se ciñe al intento de apropiación de varios inmuebles en dos manzanas ubicadas en la ribera de la Costanera del Suquía, ambas en torno del puente 24 de Septiembre.Los imputados son 18, entre ellos numerosos profesionales, como un ingeniero, un contador, abogados y escribanos. También están involucrados funcionarios de Catastro.Se discute que esos terrenos fueron expropiados por la Provincia en 1950 y se adjudica al grupo de procesados haber falsificado títulos para apropiárselos. Sin fiscal El abogado Ernesto Gavier se presentó como defensor de Trebucq y, junto con esto, presentó la recusación de su primo, el fiscal.El funcionario judicial, que ya había elevado la causa a juicio y había ordenado detener a Damia, a Blanco y a Salomón, no respondió a la recusación y, aunque no estaba de acuerdo, se inhibió de seguir entendiendo en la causa. Ernesto Gavier replicó de manera pública que de ninguna manera el objetivo de su nombramiento era lograr el apartamiento del fiscal. Por el momento, no está claro quién seguirá instruyendo la causa. El fiscal General Alejandro Moyano recibió la inhibición del fiscal y remitió el caso a la otra fiscalía que se ocupa de los delitos de "guante blanco", la de 27ª Nominación.Esta fiscalía estaba vacante luego de que su anterior titular, Mariano Antuña, fuera a una fiscalía de Cámara. El mismo jueves asumió la número uno del último concurso de fiscales, Valeria Rizzi, quien sería la nueva investigadora.Pero en esta causa actúa como querellante por la desarrollista View (habría sido defraudada con la venta millonaria de uno de los predios) el abogado José Ignacio Cafferata Nores, quien sostiene que Rizzi debe apartarse con él por haber tenido relación profesional.Si esto sucediera, el expediente debería ser girado a un tercer investigador, alguno de los 30 fiscales de instrucción de la capital cordobesa. Retardo En los últimos días, Cafferata Nores realizó una presentación ante el fiscal General, en la que pide la "intervención urgente" ante el desplazamiento de Gavier."Advierta, señor fiscal General, el grave retardo que sufrirá la causa, frustrando el derecho de defensa de mi cliente por no poder obtener sentencia en un plazo razonable", subrayó.El abogado indicó a La Voz que si se designa nuevo instructor, deberá empezar de cero con los 52 cuerpos de la causa.Además, estima que todas las decisiones serán apeladas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que hay abogados y escribanos involucrados y pueden ser privados de su matrícula.Por eso, Cafferata Nores solicitó la continuidad de Gavier "hasta que la etapa intermedia quede agotada". Derecho supranacional Los vaivenes en torno de este caso generaron un debate judicial intenso al interior del Poder Judicial local, en el que opinan incluso especialistas que no forman parte del litigio. El abogado Juan Carlos Vega manifestó su solidaridad con el fiscal Gavier, por entender que "cualquier interpretación de las normas procesales penales que implique el apartamiento del fiscal sería violatoria del artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos garantiza a todos igualdad ante la ley". "No lo conozco a Gavier, pero lo llamé porque me pareció 'moralmente indignante'", apuntó Vega."Los poderosos en la Argentina están en otra frecuencia en el ámbito de la Justicia en relación con los pobres", dijo. Y ejemplificó que los procesos penales de delitos "de guante blanco" tienen una "duración promedio de 14 años, con un índice de sólo cuatro por ciento de condenas".

La causa se inició a partir de una presentación de la Provincia, que sostiene que había expropiado los inmuebles en 1950 y que años después privados intentaron apropiárselos de manera ilegal para reingresarlos al tráfico inmobiliario.