Cuando la Policía es una maldita Policía

Impactan, paralizan, avergüenzan, dan miedo. Son aquellas causas y sus posteriores juicios ya en democracia que demostraron de qué clase de criminales fue capaz de nutrirse la Policía de la Provincia de Córdoba en estos años.

Fue visto con el asesino Miguel Salinas, aquel cabo que lideró la banda de facinerosos que en 1987 copó un banco en Río Cuarto y fusiló a seis empleados. El séptimo baleado se salvó de milagro.

Fue visto con el verdugo Mario Pistrini, aquel oficial que, junto con una patota de criminales de uniforme azul como él, torturó en 1991 al dealer Mario Sargiotti en la Jefatura de Policía para luego arrojarlo al río Suquía y que pareciera “una accidentada fuga”.

Fue visto con el despiadado expolicía Hugo Síntora, quien con la siempre sospechada pero nunca demostrada connivencia de exmiembros de la D2, ejecutó de atrás y por encargo al legislador Regino Maders, aquella noche de 1991 en barrio Vélez Sársfield de la capital provincial.

Fue visto con aquel comisario y oficiales que, en 1999, dejaron morir quemados e intoxicados por el humo de los colchones a seis jóvenes que se amotinaron en una inmunda celda de una comisaría de barrio Güemes, también en la Capital.

Fue visto, más acá en el tiempo, con aquel grupo de hampones de azul que saquearon una boutique en barrio Jardín aprovechando que el dueño no estaba; o con aquellos que abusaron en la ex-Encausados de un matrimonio acusado falsamente de matar a su bebé; o con aquellos que empalaron a un detenido en Cruz el Eje y con otros tan criminales como ellos que torturaron a un detenido en esa misma región; y fue visto también con aquellos dos oficiales que secuestraron a un médico; y con aquel que robaba nafta; y con ese otro que plantaba pruebas; y con aquellos que salían a robar en sus horas de franco; y con aquellos de la ex-Drogas Peligrosas que actuaron al margen de la ley...

Se trata de casos criminales, algunos de una bestialidad inusitada y difícil de asimilar, que calaron hondo en la memoria cordobesa, que la Justicia terminó por condenar y que, además, dejaron de manifiesto de qué clase de calaña llegó a nutrirse la Policía cordobesa en democracia.

Ayer nomás, en 2015, un comisario como Pablo Márquez terminó condenado por obligar a su personal a apresar a jóvenes morochos y de gorra con el simple fin de inflar estadísticas de detenciones.

Márquez no era un “loquito” suelto, como lo quisieron hacer ver algunos. Por el contrario, formaba parte de una estructura de trabajo policial, validada a la larga por las autoridades políticas de seguridad y que se hizo la desentendida como si todo hubiera pasado en otro lugar.

Hoy, como si nada de lo anterior hubiera alcanzado, vemos cómo dos policías son juzgados por, supuestamente, haber acribillado y fusilado por la nuca a un muchacho como Fernando Pellico (para luego “plantarle” un arma) en uno de los tantos marginados y olvidados asentamientos de Córdoba, como villa Los Cortaderos. Esos uniformados son investigados, a su vez, por otros excesos policíacos.

Si lo de Márquez –y lo de otros comisarios que actuaron como él y lograron zafar de la Justicia– dejó al descubierto ese lamentable esquema de arrestos por portación de rostro como respuesta a la inseguridad, los oficiales sospechosos de haber ejecutado a Pellico conforman la otra pata de esa oscura y tenebrosa “política de seguridad” en Córdoba, que muchas veces se vale contra los sectores más vulnerables, ya sea con hostigamientos de día o balazos de noche.

“No hay corrupción estructural en la Policía”, dice el ministro de Seguridad, Carlos Massei.

Quizá haya que revisar más la historia criminal de la Policía para asegurarlo con ese énfasis.

Quizá eso nos recuerde que hay dos policías recientemente sancionados (uno ya está preso e imputado) por darle un “baile” a dos jóvenes, como parte de un escarmiento, en barrio San Roque. Uno de esos policías, a su vez, está acusado de haber matado a un niño de un tiro en el pecho, mientras perseguía a balazo limpio a dos motociclistas desarmados.