Cuando el sistema se equivoca

Fue una síntesis dramática del ocaso institucional.

Una mujer policía en tareas no operativas, que no podía ser guardia, desarmada, sola, custodiando todo el edificio del fuero laboral de Tribunales 3, en Nueva Córdoba, el sábado pasado a la mañana.

Alguien la había mandado allí, sin que existiera un argumento lógico para tal determinación.

Todavía el responsable no aparece.

En paralelo, dos jóvenes de 16 y 17 años, acusados de matar a dos jubilados en 2014, gozaban aquel día de una insólita salida transitoria del Complejo Esperanza.

No se critica que algunos de los adolescentes en conflicto con la ley penal puedan salir del instituto para resociabilizarse, pero sí el contexto en que este beneficio se dio: volvían a Bialet Massé, a los mismos hogares fragmentados que los expulsaron a la calle de chicos (con padres presos, hermanos condenados y hermanas y/o vecinas abusadas por conocidos). Uno de ellos hacía sólo un año que se había escapado del Complejo Esperanza, pero todos los informes técnicos los daban aptos para salir.

No fue la primera vez que los beneficiados aparecían con un currículum plagado de contradicciones al interior del Complejo Esperanza.

Así y todo, los jueces autorizan a salir.

Por lo bajo, la explicación extrajudicial es otra. “Buscan que salgan un fin de semana para descomprimir dentro del complejo”. Así de brutal.

Para contrarrestar estas suspicacias, aún no llegan las explicaciones de los jueces del fuero penal juvenil. Tampoco aquí nadie levanta la mano para asumir alguna responsabilidad.

Lo mismo ocurre con los funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que está encargada del Complejo Esperanza.

Nadie fue. O fueron todos. Dos caras de la misma impunidad.

Lo concreto es que estos jóvenes se escaparon camino a la Terminal de Ómnibus y, ya en la madrugada del sábado, ingresaron en Tribunales 3, donde asaltaron, abusaron y secuestraron a la mujer policía que estaba desarmada.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no había dado a conocer hasta ahora –y menos después de lo ocurrido– su preocupación por las precarias condiciones de seguridad de uno de sus edificios.

Tres instituciones oficiales (Justicia, Policía y Senaf) quedaron expuestas de una manera brutal.

Un caso de inseguridad dramático, que revela múltiples contextos. Y que se suma a una llamativa cadena de desaciertos oficiales.

Hasta ahora, no asoman claras las explicaciones por la muerte del pequeño Rodrigo (3), quien, según investiga la Justicia, falleció junto a su madre el pasado 15 de noviembre, luego de que esta provocara una intoxicación intencional en su domicilio de barrio Urca.

"El peritaje no advirtió sobre el riesgo que era Mara para su hijo", tituló ayer La Voz.

En este caso, hubo demasiadas alertas y, también, muchas manos judiciales entremezcladas. Nada logró evitar el peor final.

Meses atrás, un joven condenado por violación logró una salida condicional y abusó de otra mujer, en medio de un festejo domiciliario en barrio Ayacucho.

Otra vez, un juez se excusó: los peritajes oficiales le habían indicado que el acusado podía volver sin riesgos a la calle.

Ahora, el próximo lunes, otro muchacho comenzará a ser juzgado por matar a un joven en medio de un asalto callejero, en barrio Villa Allende Parque.

Lo llamativo es que, al momento de ese crimen, el acusado gozaba también de una libertad condicional y, pese a no haber cumplido con los requisitos fijados, nadie lo buscaba.

Las respuestas oficiales se esconden en un silencio que se asemeja a la vergüenza.

El Poder Judicial tiene en sus manos una misión demasiado delicada: apartar a alguien del resto de la sociedad.

Una potestad que no cualquiera puede asumir.

No se trata de llenar las cárceles y los institutos sólo por las dudas.

Pero ahora nada podrá quitar la amarga sensación de que hubo al menos cuatro biografías que en un puñado de semanas quedaron marcadas para siempre porque el sistema otra vez falló.