Por estafa. Condenaron a un falso profesor que dictaba "clases de morgue" en una sandwichería de San Juan

La Justicia de San Juan dictó sentencia contra Daniel Gustavo Algarilla, de 59 años, por el delito de defraudación por engaño en perjuicio de personas que buscaban profesionalizarse en el área de salud. El hombre, que se desempeñaba como colaborador en la morgue del hospital escuela Marcial Quiroga, fingía ser docente universitario para vender una formación técnica inexistente.

Según informó Infobae, el fallo, emitido por el juez Mariano Carrera, estableció que Algarilla es el autor penalmente responsable de las maniobras denunciadas por cuatro de sus víctimas. Aunque la fiscalía había solicitado una pena de cuatro años de prisión efectiva, el magistrado resolvió una condena de ejecución condicional, por lo que el imputado no será trasladado a un establecimiento penitenciario.

El caso comenzó a investigarse en diciembre de 2024, cuando cuatro alumnas se presentaron ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Las damnificadas denunciaron al fiscal Guillermo Heredia que habían pagado durante meses las cuotas de una supuesta tecnicatura en evisceración y morgue.

Con el avance de las pesquisas, siempre según lo informado por el mismo medio, se determinó que el curso carecía de cualquier tipo de certificación oficial por parte del Ministerio de Educación de la provincia. Según fuentes judiciales, Algarilla se presentaba falsamente como profesor de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de Mendoza para otorgar prestigio a su oferta educativa.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que el acusado no poseía estudios relacionados con la materia que pretendía enseñar. Para sostener la farsa, el hombre utilizaba su posición laboral como empleado de la Administración Central del Gobierno de San Juan para acceder a materiales de estudio reales.

El modus operandi del falso docente consistía en asistir a las clases dictadas por profesionales médicos en el hospital Marcial Quiroga, donde él colaboraba proveyendo insumos. De esas presentaciones oficiales, Algarilla extraía conceptos y ejercicios prácticos que luego replicaba ilegalmente en su propio curso privado.

Las sospechas de los estudiantes, quienes abonaban mensualidades de hasta 30 mil pesos, se incrementaron debido a los constantes cambios de locación. Tras un conflicto con la propietaria del instituto donde se dictaban las clases originalmente, Algarilla debió buscar nuevos espacios para continuar con la estafa.

La precariedad del curso llegó a su punto máximo cuando el acusado utilizó la "lomoteca" (negocio de comidas rápidas) de su hermano para recibir al alumnado. Posteriormente, alquiló un local comercial, pero las idas y vueltas edilicias, sumadas a la falta de documentos oficiales, llevaron a los alumnos a realizar la denuncia penal.

Además de la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, el juez Carrera impuso una serie de condiciones que Algarilla deberá cumplir estrictamente durante los próximos dos años. Entre ellas, la obligación de fijar un domicilio real y someterse al control de la Dirección de Protección al Presos, Liberado y Excarcelado.

Durante el proceso judicial, el magistrado resolvió que el condenado permanezca en libertad. Asimismo, la resolución judicial denegó el pedido de reparación económica para las víctimas que había sido solicitado por la querella durante las audiencias.

"Algarilla fue imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados por las víctimas", precisaron fuentes vinculadas a la investigación sobre la calificación legal que pesó sobre el colaborador del hospital sanjuanino.