Comisarios presos por el robo de pistolas
El fiscal Amayusco imputó a los dos jefes por peculado. Las detenciones se concretaron tras allanarse dependencias policiales y domicilios de los involucrados. Se corroboró que las 67 armas de fuego fueron sustraídas de Jefatura y no en un acto público.
El escandaloso robo de 67 pistolas Bersa Thunder nueve milímetros que fueron sacadas de manera clandestina de los depósitos de la misma Jefatura de la Policía de Córdoba derivó la captura de dos comisarios.
Fuentes con acceso a la investigación, que finalmente quedó en poder del fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco, revelaron que el funcionario libró las órdenes de captura. Anoche se supo que, después de allanamientos en dependencias policiales y en domicilios particulares, fueron detenidos el jefe de la división Armamentos y Equipos, comisario Sebastián Vaca, y el jefe de la división Exposiciones por Extravío, subcomisario Guillermo Gasser Carrillo.
Los dos fueron imputados por el fiscal por el presunto delito de peculado. Ayer, desde altas filas policiales señalaban que Vaca estaba “muy comprometido”.
Por el momento, existe un puñado de certezas y un cúmulo de interrogantes.
Lo concreto es que ayer se confirmó que 67 pistolas Bersa Thunder nueve milímetros fueron robadas de la Central de Policía, ubicada en Colón y Santa Fe, Alberdi, ciudad de Córdoba.
Aún no se sabe cuándo ocurrió semejante sustracción y tampoco si se llevaron todas las armas juntas o si se trató de un “robo hormiga”. Se sospecha que la “desaparición” data de varios meses atrás.
Otro dato llamativo, al que La Voz del Interior tuvo acceso ayer, apunta a que Vaca, de manera sugestiva, dejó una huella que hasta anoche nadie en la fuerza era capaz de explicar: el 18 de junio realizó una exposición en la se que indicaba sobre la "pérdida" de las armas de fuego.
La exposición es un trámite que se realiza en la misma Jefatura (o en cualquier comisaría) y no se judicializa.
No deja de resultar alarmante que el jefe de la Policía, comisario general Julio César Suárez, no se haya enterado jamás de esta exposición.
“Si se realizó, alguien tuvo que comunicar. Si la escondieron, es demasiado grave”, puntualizó una fuente policial.
Vaca y Gasser Carrillo, fueron pasados a pasiva el martes a la noche junto con otros 15 policías (entre ellos, cuatro mujeres y un familiar del actual subjefe, Mario Tornavaca).
Qué se investiga
De acuerdo con nueve fuentes con acceso a este caso desde diferentes ángulos (y con distintas motivaciones), la reconstrucción de lo sucedido puede comenzar el lunes, cuando en las páginas de Clarín se reveló: “Tras la separación de los Distritos 4 y 5 del Comando de Acción Preventiva (CAP) del barrio Ampliación Cerveceros, en el sur de la capital provincial, desaparecieron misteriosamente 50 pistolas Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, nuevas y embaladas”.
Poco más de 24 horas después, el jefe de Policía, comisario general Suárez, y el gobernador José Manuel de la Sota (desde Capital Federal) le restaban crédito a la versión periodística.
Incluso, De la Sota aseguró que todo se trataba de “un chisme” y vinculó el rumor a las históricas internas policiales.
Pero ese mismo día, a las 23.30, un parte de prensa oficial de la Policía llegó a todas las redacciones con una versión diferente.
“El jefe de Policía, Julio Suárez, ha formulado denuncia penal ante la Justicia en razón de haber tomado conocimiento del faltante de armamentos pertenecientes a la repartición y que se encontraban bajo responsabilidad de la división Armamentos y Equipos de esta institución. Además, se solicitó al Tribunal de Conducta Policial el apartamiento y pase a situación pasiva del director de Logística, comisario mayor Daniel Zambrano; del jefe de la división Armamentos y Equipos, comisario Sebastián Vaca; y de la totalidad del personal de esa división”, se indicó.
Significaba que 17 policías acababan de ser apartados luego de que se detectara, en una auditoría interna, que habían desaparecido las 67 pistolas del propio subsuelo de Jefatura, donde funciona la división Armamentos y Equipos.
El relato difería bastante de la versión periodística del lunes, pero tenía un nexo demasiado fuerte con ella: a las armas se las habían robado y nadie lo había denunciado penalmente. Hasta hoy, nadie sabe quién tiene esas pistolas.
“Alguien intenta vincular al CAP 4 y 5 porque ahí comenzó al amotinamiento de 2013 y es fácil sospechar. Pero lo hacen para desviar la mirada de que el robo fue en Jefatura”, aseguró un amplio conocedor de los pasillos de la Central de Policía.
Este sería el motivo para hacer circular la versión de que el robo había ocurrido el 15 de mayo, cuando se inauguró la refuncionalización de esa base policial. “En la ocasión, se hizo entrega de borceguíes, municiones y armamento reglamentario para el personal”, de destacó en un comunicado oficial.
Si bien se entregaron algunas armas, nunca se llevaron 67 a ese predio, según dijo ayer Suárez. “El robo fue en Jefatura”, insistió. No obstante, Suárez no explicó el motivo por el cual no se enteró de la supuesta exposición realizada en junio.
Derrotero judicial
La presentación ante la Justicia provincial efectuada por Suárez recayó a primera hora en la fiscalía de Distrito 1 Turno 4, a cargo de Rubén Caro.
Según fuentes de Jefatura, en la misma se señalaba que las 67 pistolas eran marca Bersa Thunder nueve milímetros (un dato no menor, ya que se permite rastrear cuándo fueron compradas) y se identificó con su matrícula a 61 de estas armas. Nadie explicó el motivo por el que no se suministró la matrícula de las otras seis.
A media mañana de ayer, el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, le solicitó el expediente a Caro, ya que había otra denuncia similar presentaba el martes a la tarde por la legisladora opositora Luciana Echeverría ante la fiscal Liliana Copello.
Además, se estableció que otras tres fiscalías (a cargo de Víctor Chiapero, Pedro Caballero y Alfredo Villegas) investigaban cada una por su cuenta el hallazgo de pistolas Bersa Thunder nueve milímetros en diferentes allanamientos.
Ante esto, el fiscal General reunió todos los expedientes y se los envió al fiscal anticorrupción Hugo Amayusco, quien quedó a cargo de la causa.
Las pocas armas que se habrían recuperado (todavía resta cotejar las matrículas) habrían sido utilizadas en robos calificados y hasta en episodios de violencia de género.
De manera paralela, el Tribunal de Conducta Policial citó a 16 de los policías en pasiva (menos el director de Logística, Zambrano) para que realicen un descargo en 24 horas; mientras se evalúa su inmediata cesantía sin aguardar alguna resolución judicial.
Dos causas penales
Justicia federal. De manera paralela, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano investiga el robo de las pistolas en Jefatura tras una denuncia del abogado Alejandro Zeverín. En la presentación, se indicó que la fuerza no cumplió con el deber de informar al Registro Nacional de Armas y Explosivos (Renar) cualquier robo o pérdida de un arma
Reclamo opositor. Además de la denuncia penal de la legisladora Luciana Echeverría, fueron varios los legisladores opositores que reclamaron ayer explicaciones al Gobierno provincial en torno de este nuevo escándalo policial. La legisladora Liliana Montero solicitó que el ministro de Gobierno y Seguridad, Marcos Farina, vaya a la Unicameral.
