Acusaciones cruzadas entre la familia Franceschini

Después de que murió la fabricante de tortas más famosa de Córdoba, Graciela Franceschini, la sociedad terminó por partirse, y también la familia. El viudo, Armando Franceschini, entró en conflicto por la empresa con dos de sus hijas y ambos yernos. Denuncias cruzadas, primero, y ahora imputaciones en la Justicia provincial a unos y a otros son el correlato de un conflicto que excede los límites de lo doméstico. La primera secuela de esta disputa que parece no tener fin es que el fiscal Anticorrupción y Penal Económico N° 2 de la ciudad de Córdoba, Gustavo Hidalgo, imputó a Armando Franceschini por el presunto delito de "administración fraudulenta".Al mismo tiempo, a dos hijas y a uno de los directivos les endilgó "vaciamiento de empresa".La semana pasada se produjo la declaración indagatoria de los cuatro familiares que se disputan la continuidad del negocio, las marcas, las sucursales y no pocas cosas que siguen enfrentándolos.El conflicto se remonta a la década pasada. Uno de sus primeros hitos fue cuando uno de los yernos de Armando y Graciela, el entonces concejal radical Daniel Ingaramo, estuvo imputado de enriquecimiento ilícito por poseer un depósito bancario de un millón de dólares.En aquella oportunidad, Armando salió en defensa del edil, asegurando que el 60 por ciento de ese monto millonario le pertenecía. En 2008, Ingaramo fue sobreseído en la causa por "enriquecimiento ilícito" y, tiempo después, prescribió la acusación por "falsedad ideológica". Pero, con el paso de los años, tras la muerte de Graciela y la separación de la primera sociedad con su hija Andrea, se puso sobre el tablero el conflicto de Armando con sus otras dos hijas, Gabriela (esposa de Ingaramo) y Romina; y el socio Alejandro Bernardino Cima (exfuncionario de Germán Kammerath en la intendencia municipal de la ciudad de Córdoba). El antecedente de las imputaciones recientes se remonta a marzo de 2015, cuando Armando volvió a Tribunales 2 y le dijo al fiscal Rubén Caro que en su momento mintió que era de él parte del dinero de Ingaramo.El investigador judicial no tomó en cuenta eso porque ya había prescripto la posibilidad de un delito, pero le recomendó hacer una presentación por otros hechos que quería señalar.De esta manera, Armando terminó por denunciar a sus hijas y yernos por vaciamiento de empresa ante el fiscal José Bringas.Días después, cuando ya era una persona investigada, Romina se presentó ante Hidalgo y le aportó documentación a favor del vaciamiento de empresa que, sostenían, habría efectuado su padre.

Tras un año de investigación, Hidalgo describió las supuestas maniobras que habrían cometido unos y otros y que derivaron en los reproches penales.

Las hijas, tras desplazar a Armando de la presidencia, crearon una empresa en barrio Pueyrredón, llamada Sapore SA.

Según fuentes judiciales, a ella habrían transferido empleados, vehículos, una máquina elaboradora de helados y la producción de insumos para tortas con el objeto de proveer a las sucursales de GF.

Esa firma tenía a Cima como presidente, a Gabriela como accionista, a Romina como empleada y a Ingaramo como socio.

Este accionar derivó en las imputaciones de “vaciamiento de empresa” en contra de Cima, Romina y Gabriela.

Ingaramo no está imputado, porque no es considerado administrador, y como socio no se le puede achacar toma de decisiones, según indicaron fuentes judiciales.

Cima también está imputado en la Justicia federal en la causa Spectrum Tales, por la privatización del espectro radioeléctrico, cuando fue subsecretario de Comunicaciones de la Nación, también durante la gestión de Kammerath, como titular de esa cartera.

Por el lado de Armando, el fiscal sospecha que, como presidente y administrador de la firma Graciela Franceschini, creó nuevos locales por decisión de la asamblea, pero inscribió tres o cuatro a nombre de él. Esto implicó que en esas sucursales los ingresos fueran personales.

Asimismo, se le reprocha al padre haber solicitado un mes de licencia en su cargo de presidente, lapso durante el cual aprovechó para registrar la marca GF a su nombre, trámite que había sido iniciado por la sociedad.

Las fuentes de la Fiscalía Anticorrupción sostienen que los hechos de vaciamiento se ubican entre 2013 y 2014, mientras que la administración fraudulenta habría transcurrido entre 2014 y 2015.

Con la denuncia y contradenuncia, se abrieron causas paralelas que culminaron con las imputaciones.

Tras las indagatorias recibidas la semana pasada, se profundizará la investigación de Hidalgo, quien en las próximas semanas podría resolver qué determinación va a tomar en la causa.

Aclaración. En la edición impresa de esta nota se consignó en forma errónea la vinculación familiar de Cima con los Franceschini, cuando en realidad sólo tenía vínculos comerciales.