Río Tercero: policía imputado por joven muerto tras una persecución
La Fiscalía investiga si hubo exceso al darle muerte. Según el fiscal hubo intercambio de disparos. Familiares reclaman esclarecimiento y denuncian abusos policiales.
Río Tercero. Mientras los familiares de Lucas Funes, el joven muerto por un disparo policial hace una semana, realizaban el viernes pasado una marcha frente a Tribunales de esta ciudad, la Justicia dictaminaba una imputación en contra de un uniformado.
El agente sería notificado el lunes. Fuentes judiciales confirmaron el dato a este diario pero anticiparon que por ahora no se brindará la identidad.
La imputación sería para investigar un presunto homicidio por exceso en el ejercicio legítimo de su cargo.
Fuentes de la Fiscalía, a cargo de Alejandro Carballo, consignaron que habrìa elementos de prueba respecto a que a Funes, de 23 años, se lo encontró en flagrancia cuando robaba una casa. El expediente marcaría que un policía le habría dado la voz de alto, mientras pedía refuerzos. En medio de una persecución, Funes recibió primero impactos de bala de goma y luego uno letal, de plomo, en la cabeza.
El fiscal pidió una ampliación de autopsia, para determinar distancia y trayectoria de esa bala de plomo. No se descarta que el fiscal pida en los próximos días una reconstrucción en tres dimensiones para precisar detalles de cómo ocurrieron los hechos. Los pesquisas aseguran haber secuestrado una pistola con la numeración limada, incautada en el patio de una vecina. La Policía sostiene que fue usada por Funes.
La Fiscalía da por hecho que hubo intercambio de disparos entre el joven y los policías.
Los familiares del joven insisten, en cambio, en que Funes pudo ser detenido sin necesidad de matarlo. Aseguran que no estaba armado al momento de morir y que lo sucedido es parte de una práctica de abusos policiales. Por eso marcharon en protesta el viernes. Gerardo Funes, padre del joven ultimado, dijo que su hijo "descansará en paz cuando los responsables estén detrás de las rejas".
A la vez, desde la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos(Apdh), presente en la movilización, se recalmó esclarecer el episodio. "Disparar a matar no se justifica en ningún caso; hay miles de maneras para que técnicamente se pueda reducir a un supuesto infractor para luego ponerlo a disposición de la justicia, como corresponde en un estado de Derecho", señalaron.
