Una orden que salió de oficinas no legislativas

Si no es hoy, será en las próximas semanas. La designación de Mario Decara en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, como premio a su anterior gestión que nunca incomodó al Poder Ejecutivo, fue acordada y sellada en despachos que no pertenecen al Poder Legislativo.

Lo confirmaron legisladores delasotistas y radicales que no ven con buenos ojos al postulante acordado, pero que, por obediencia partidaria y organicidad, levantarán la mano cuando se lo ordenen sus jefes.

Es que Decara es un dirigente polémico. No sólo porque su anterior designación, durante la gestión de Juan Schiaretti en la gobernación, quebró al radicalismo en dos y el partido que siempre hizo alarde de su apego a la letra de la ley terminó dando explicaciones en los Tribunales por la interpretación de la Constitución Provincial que tomó prestada del entonces legislador Domingo Carbonetti.

Mellaron también su imagen de posible controlador su cercanía con dirigentes del oficialismo, y los problemas y las disputas que afrontó en el pasado por la propiedad de un antiguo y cómodo hotel en las afueras de Villa Giardino.

No hubo lugar, sin embargo, para los cuestionamientos. La orden de volver a nombrar a Decara en el organismo de control bajó con demasiada potencia desde los despachos en los que, en la actualidad, se toman las decisiones más importantes de la UCR y del PJ.