Una irregularidad naturalizada por los gobiernos

Desde la recuperación de la democracia en 1983, los gobiernos provinciales y municipales de distintos signos políticos fueron engrosando la cantidad de empleados contratados, con el agravante de que, en casi todos los casos, esa categoría laboral es utilizada en abierta violación a la legislación vigente.La Provincia tiene 11.210 contratados que realizan tareas idénticas al personal de planta permanente y les extendieron los convenios en agosto pasado por un año y medio más. El municipio capitalino cuenta con 1.041 contratados, pero tiene una política de efectivizarlos a través de concursos.Tanto la normativa provincial como la de la Municipalidad de Córdoba establecen taxativamente que el empleado contratado debe ser incorporado para desempeñar tareas específicas y excepcionales y, en ningún caso, las funciones habituales asignadas a la planta permanente.En tal sentido, el Estado provincial y municipal incumplen las normativas laborales que rigen a sus agentes, con un guiño inicial de los gremios, que después reclaman por la situación irregular de esos empleados.¿Por qué el Estado viola abiertamente sus propias leyes? Es un secreto a voces que el ingreso de contratados ha tenido, en gobiernos de distintos signo político, una vinculación directa con el pago de favores de campaña y de conchabo de la tropa propia, en muchos casos. Ante la falta de concursos públicos, abiertos e igualitarios en la administración y los municipios, prevaleció el padrinazgo político o sindical para acceder al cargo público. Hasta ahora, de las alrededor de 500 designaciones de personas que rindieron concurso, sólo hay dos que vienen de "afuera" y no trabajan en la Provincia.Violando otra de las normativas que rige a los contratados –un plazo fijo para realizar tareas que supuestamente son excepcionales y específicas–, el Estado renueva los convenios sucesivamente y los extiende a veces por muchos años, lo que engrosa la administración pública sin responder a una demanda laboral justificada.Esa práctica se traduce en mayores costos salariales para el Estado, que terminan por pagar los contribuyentes, los que deben soportar una mayor presión fiscal.Los concursos llevados adelante el año pasado por la Provincia supuestamente venían a transparentar el acceso al empleo público. Pero, además de denuncias de presuntos favoritismos políticos y de cargos que ya tenían nombre propio antes de realizarse los exámenes, la Provincia prorrogó 11.210 contratos antes de designar a quienes ganaron hace un año los concursos. Por eso, el fallo judicial de Villa María sobre un empleado contratado por ocho años, y en particular sus fundamentos, que exceden ese caso puntual, viene a poner en blanco sobre negro un mecanismo irregular que el Estado naturalizó como una práctica habitual.