Conflicto universitario. La UBA ratifica la emergencia y exige al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento
Las autoridades advirtieron que el presupuesto aprobado para el presente año no contempla los recursos previstos por dicha legislación. Los detalles.
En una reunión celebrada este miércoles en la sede del rectorado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó por unanimidad una resolución en la que exige al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades advirtieron que el presupuesto aprobado para el presente año no contempla los recursos previstos por dicha legislación, lo que profundiza la crisis en el sistema educativo superior.
Emergencia presupuestaria y salarial
La resolución ratifica la situación de emergencia presupuestaria y salarial que afecta a docentes, nodocentes y profesionales de la salud que desempeñan tareas en los hospitales universitarios. Según la institución, la falta de fondos impacta directamente en las funciones de docencia, investigación, extensión y salud.
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Ante este escenario, la UBA solicitó formalmente a los ministerios de Capital Humano y de Economía una "urgente actualización" de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento, exigiendo que los montos se ajusten en línea con la inflación observada.
El impacto en el sistema de salud
Uno de los puntos de mayor preocupación es el financiamiento de la función salud. La UBA cuenta con una red de hospitales e institutos, incluyendo seis centros de alta complejidad que funcionan como hospitales escuela.
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Estos establecimientos no sólo brindan atención asistencial, sino que son pilares en la formación de profesionales: las universidades públicas gradúan al 80% de los médicos y a más del 90% de los odontólogos y veterinarios del país.
Un conflicto de larga data
La disputa por los fondos se remonta a 2024. Aunque el Congreso sancionó la ley y rechazó el veto del presidente Javier Milei, el Ejecutivo promulgó la norma sin asignarle partidas específicas, argumentando la falta de fuentes de financiamiento y el impacto fiscal.
Sin embargo, el frente judicial sumó presión recientemente: el juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que frenaba la ley y dispuso que el Ejecutivo debe cumplir con las actualizaciones de salarios y becas.
En respuesta, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento, buscando establecer un sistema de actualizaciones vinculado al índice de inflación para gastos operativos y hospitales.
Desde la UBA recalcaron que garantizar una educación de calidad es una "obligación indelegable del Estado" y llamaron a un trabajo conjunto para sostener el sistema universitario nacional.
