Si la política no quiere, las gestiones no pueden

Mauricio Macri hace años que corta clavos por la basura: cada vez que recrudecen las peleas políticas, el Gobierno de Daniel Scioli o los intendentes del Conurbano amenazan con no dejarle enterrar más la basura porteña en el Gran Buenos Aires. La sola idea espanta: la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante la acumulación de desechos es cada vez mayor. Tras años de parches y precariedad creciente, Córdoba parecía haber encontrado una salida superadora para el tratamiento final de los residuos. Las buenas "relaciones institucionales" entre José Manuel de la Sota y Ramón Mestre prometían una política de Estado para la basura, a largo plazo, para toda la región, con incorporación de tecnología y con un esquema de inversiones compartidas entre los municipios del Gran Córdoba y la Provincia. Esa iniciativa –que se formalizó en Cormecor SA– viene muy demorada. Primero encontró resistencia de ambientalistas en las zonas donde se proyectan los predios de tratamiento y disposición final, y luego el peso simbólico de esa resistencia creció en forma exponencial tras la experiencia de Monsanto en Malvinas Argentinas. Ahora parece a punto de sucumbir por razones políticas: donde antes había buenas relaciones, hoy hay hostilidad creciente. De más está decir que si la política no quiere, las gestiones que administran el Estado no pueden casi nada. Y menos en temas estructurales como el saneamiento. Como Macri, es probable que en el corto plazo Mestre y los intendentes de 16 municipios que entierran junto a la Capital deban cortar clavos: el precario predio de Piedras Blancas, donde actualmente se deposita la basura, tiene poco tiempo de vida útil. La Provincia no sólo tiene la llave para dificultar la puesta en marcha de un nuevo enterramiento, sino para dar por terminada la vida útil del actual.