Saqueos: el exjefe de Policía Almada declaró ante el fiscal Garzón

El fiscal Raúl Garzón dijo que el exjefe de la Policía de Córdoba César Almada fue "colaborador con todo el interrogatorio" como testigo, que lo que declaró es "por supuesto" importante y señaló que no tiene elementos que le hagan pensar una vinculación de la cúpula policial con lo sucedido el 2, 3 y 4 de diciembre pasados, en el marco de la investigación que realiza sobre las conductas de policías durante los hechos de esos días, cuando se registró un acuartelamiento de efectivos, saqueos e incidentes.

"El exjefe fue colaborador con todo el interrogatorio, que fue escaso. Contestó todo lo que estaba a su alcance, dando respuesta a todo lo que (se) requirió”, expresó el fiscal a radio Mitre Córdoba al término del interrogatorio.

"Ha sido una declaración testimonial que ha prestado el exjefe de Policía de la provincia sobre obviamente los episodios que ocurrieron el 2, 3 y 4 de diciembre", explicó Garzón a Canal 10, Teleocho y Canal Doce, Mitre y otros medios, según se puede apreciar en el video que el sitio Cba24N subió en su sitio.

"Y se va a avanzar sobre lo que corresponda a partir de la declaración y muchos otros elementos que restan analizar", manifestó. "La intención de este fiscal y, de cualquiera, es primeramente es la de cumplir con su tarea, que es la de obtener la prueba. Investigar, imputar si correspondiere, y eso con el tiempo".

El fiscal dijo que no puede "entrar en detalle de lo declarado porque hace al secreto de las actuaciones, en la cual uno debe avanzar prolijamente".

"En su momento, ustedes saben cómo nos hemos venido manejando desde el Ministerio Fiscal. En su momento y, cada medida que se toma, se podrá dar a conocer, pero siempre preservando la investigación", agregó.

Cuando uno de los periodistas le preguntó si es de importancia lo que declaró Almada, el fiscal respondió: "Por su puesto que sí".

"La actuación que le cabe a la Justicia y al Ministerio Fiscal es la de la debida investigación de los hechos y, eventualmente, si existiesen delitos, perseguir obviamente a quienes sean responsables", expresó.

En diálogo con La Voz, el fiscal dijo que se está "lejos de que la cúpula pueda estar vinculada" a algo que tenga que ver con la planificación de los incidentes del 2, 3 y 4 de diciembre. "Casi le diría, descartaría (una vinculación). De ninguna manera". Mencionó que si eso fuese así sería "connivencia", y de una "gravedad institucional", pero dijo que no cuenta con elementos que le hagan pensar ello.

El fiscla recordó que el 3 de diciembre pasado, la Fiscalía General de la Provincia "toma conocimiento de estos hechos" y solicitó a los cuatro fiscales de turno de ese entonces, entre ellos, el propio Garzón, que dispusieran las medidas necesarias para que se hiciera deponer el acuartelamiento de policías, "para que cesen la medida".

Dijo que se solicitó al entonces jefe policial, comisario general Almada, que comunicara a los efectivos acuartelados que depusieran la medida.

Al pedido de la Fiscalía General se sumó la presentación que el abogado penalista Alejandro Pérez Moreno formuló ayer, como informó el fiscal, para que se investigue a miembros de la fuerza de seguridad en la gestación de estos episodios. Dijo que Pérez Moreno "plantea la necesidad de avanzar" en la investigación, lo cual es "bienvenido".

Al margen de la presentación del abogado no hay otra en la fiscalía de Garzón, según señaló el propio funcionario judicial.

En tanto, el presidente del Colegio de Abogados Alejandro Tejerina anticipó que la institución muy probablemente se presentará como querellante en la causa que investiga Garzón, como publicó este diario. Consultado sobre ello, el fiscal manifestó que en una reunión con Tejerina, éste le mostró el "apoyo total" a la investigación que la fiscalía realiza con el "propósito de que se avance", como dijo que planteó Pérez Moreno, en "el esclarecimiento de los hechos".

Almada fue removido por José Manuel de la Sota al día siguiente de los disturbios. Almada había sido designado jefe de Policía en setiembre, cuando el gobernador removió al ministro de Seguridad Alejo Paredes y al jefe Ramón Frías, debido al narcoescándalo.