Saieg y Suárez defendieron la política de seguridad

Fue un día atravesado por la actualidad y el futuro de las fuerzas de seguridad de la Provincia el de ayer en la Legislatura. Al mediodía, el ministro de Seguridad y Gobierno, Walter Saieg, y el Jefe de la Policía de la Provincia, Julio César Suárez, visitaron la Unicameral para responder respuestas sobre la política de seguridad que lleva adelante el Gobierno. En ese marco, según pudo reconstruir este medio, impedido como toda la prensa de participar en el ámbito de Labor Parlamentaria, los funcionarios defendieron el accionar de la fuerza en los últimos meses. Puntualmente destacaron el "saldo positivo", con impacto en "la reducción" de hechos delictivos, que están teniendo los operativos de saturación llevados adelante por la Policía. Desde la oposición, el jue­cismo rechazó la visión oficial. "Quedó en evidencia que no hay una política integral de segu­ridad", criticó Ricardo ­Fonseca, legislador del Frente Cívico. Para el radical Rodrigo De Loredo, "la exposición de los funcionarios fue muy li­viana, sin precisiones ni datos respaldados". La actividad legislativa se completó por la tarde, cuando el pleno legislativo aprobó la estructura orgánica de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la nueva organización que ­tendrá a su cargo combatir los ­delitos vinculados con el comercio ilegal, a baja escala, de estupefacientes.La iniciativa, que viene a complementar la ley 10.200 que en abril creó a la FPA, establece el andamiaje funcional y escalafonario de la fuerza.Unión por Córdoba, impulsor del texto elaborado por el Ejecutivo, no estuvo solo al momento de levantar la mano en la votación. El oficialismo contó con el apoyo de la UCR, el PRO, el socialismo, el kirchnerismo y Encuentro Vecinal. Todas estas fuerzas opositoras ya habían dado el "sí" cuando se votó la creación de Antinarcotráfico. En cambio, el juecismo y el Frente de Izquierda criticaron la estructura orgánica propuesta en concordancia con su rechazo inicial de la fuerza.Entre otros puntos, la ley aprobada determina que los efectivos de la FPA deberán presentan declaración jurada de bienes de manera anual. Además, aunque aún no se definió el monto, estos uniformados percibirán una remuneración mayor al de un agente normal.