Procesamientos y embargos por coimas de Siemens

Buenos Aires. La Justicia procesó y aplicó embargos millonarios a 17 personas, entre ellas exejecutivos de la empresa alemana Siemens, acusados de ­pagar sobornos a funcionarios para que esa compañía se quedara con el negocio de la confección de DNI a partir del Gobierno de Carlos Menem. La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien dispuso los procesamientos sin prisión preventiva por el delito de "cohecho activo".En la investigación, se indicó, "se verificó que existió un accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos con el único fin de que la filial local de Siemens resulte adjudicataria", para la "Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas". Para concretar los pagos "se probó la implementación de un sistema que justificó los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales", según explicó el Centro de Información Judicial.Y un grupo "brindó un conjunto de sociedades con las que Siemens firmó contratos ficticios por servicios que jamás le fueron brindados para poder canalizar los pagos". "Ello ­permitió brindar un marco de legalidad a las transferencias realizadas ya que las empresas utilizadas expidieron facturas por servicios que no prestaron", se añadió.Los procesados, según la resolución del juez, son Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luís Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares, del Grupo Siemens.Asimismo, figuran Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David, señalados como presuntos intermediarios del dinero destinado a los funcionarios, y Antonio Justo Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Guillermo Cudmani y Federico Rossi Beguy, de "la empresa competidora en la licitación que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens".En la resolución, Lijo determinó que hubo 60 pagos de 106.302.706 dólares que "estaban destinados tanto a quienes actuaron como intermediarios como a miembros del gobierno nacional de aquel momento".El contrato fue anulado durante la gestión de Fernando de la Rúa.