Polémica por la aprobación de pliego de una jueza de Paz

Con polémica, y con los votos de la bancada de Unión por Córdoba y de otros bloques parlamentarios minoritarios, la Unicameral aprobó ayer el pliego de designación de María Aída Lezcano como jueza de Paz de la sede Rincón Grande-Las Cañadas, del departamento Cruz del Eje. La polémica surgió cuando la legisladora María Fernanda Leiva (Frente Cívico) se negó a aprobar el pliego con el argumento de que la postulante había reconocido "poseer un campo de 850 hectáreas, dos propiedades, una camioneta y, no obstante, seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo (AUH)".Efectivamente, en el pliego que se aprobó ayer, figura la declaración jurada firmada por María Aída Lezcano, quien resultó en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, en un expediente que lleva la firma del gobernador José Manuel de la Sota; de la ministra de Justicia, Graciela Chayep; y del fiscal de Estado, Jorge Córdoba. En esa declaración jurada figura que la aspirante es esposa de Alejandro Samuel Cortez, dirigente de Unión por Córdoba, quien se desempeñó como jefe comunal de Las Cañadas entre 1999 y 2007, según confirmó anoche el propio Cortez, al ser consultado por este diario a través de un llamado telefónico.Cortez admitió que su esposa y ahora inminente jueza de Paz cobra la Asignación Universal por Hijo, pero la defendió: "El campo de 850 hectáreas es herencia mía, es un campo que no está en una zona productiva, y las dos casas también son mías; mi esposa es ama de casa y cobra la Asignación Universal como la cobra un montón de gente que tiene mucho más que lo que tenemos nosotros".Al rechazo del pliego por parte del Frente Cívico se sumó también la bancada de la Unión Cívica Radical. No obstante, Lezcano asumirá en breve como jueza de Paz.