Deuda. Pedido de interpelación al ministro Acosta por los U$S 725 millones y dudas sobre el costo real
El legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, pidió que el ministro de Economía explique la reciente emisión de deuda. Según un informe opositor, se elevaría el costo financiero real.
La Legislatura de Córdoba se prepara para un debate intenso. El legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, presentó un pedido de interpelación al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, para que explique en detalle la emisión de deuda por U$S 725 millones realizada en junio pasado.
El planteo no es menor: según el bloque opositor, la operación implicó reemplazar una obligación tomada al 6,99% anual por otra al 9,75%, lo que en términos reales elevaría el costo al 12,62%.
Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina en regresar voluntariamente a los mercados internacionales desde 2017, en un contexto de fuerte desconfianza hacia el crédito soberano del país. El gobierno de Martín Llaryora celebró la colocación como una muestra de “solidez institucional y capacidad de financiamiento”, pero los números difundidos por la oposición abren una serie de interrogantes.
La operación bajo la lupa
El Gobierno provincial emitió títulos por U$S 725 millones, con vencimientos escalonados entre 2030 y 2032 y una tasa fija del 9,75% anual. De ese total, se destinaron U$S 360 millones a recomprar el 69,82% del bono internacional con vencimiento en 2027 (Ex PDCAR 2024), originalmente emitido al 6,99% anual.
El resto, unos U$S 366 millones, quedó como fondos frescos que, según la versión oficial, serán usados en proyectos de infraestructura.
La administración provincial defendió la maniobra con un argumento central: al recomprar parte de los títulos de 2027 logró alivianar los compromisos de corto plazo y extender vencimientos. Hasta entonces, la Provincia debía afrontar cuatro amortizaciones semestrales entre 2025 y 2027, por un total de USD 512 millones de capital. Con la operación, esos pagos fueron desplazados hacia la próxima década.
Desde Encuentro Vecinal Córdoba trazaron una lectura menos optimista. Según cálculos solicitados por ese espacio a economistas y técnicos, si bien la Provincia ahorró unos U$S 1,8 millones en la recompra gracias a la paridad de mercado, asumió un costo financiero mayor: hasta 2027, la diferencia entre haber mantenido el bono original y la nueva tasa supone un sobrecosto de U$S 10,5 millones.
Traducido a tasas efectivas, el informe sostiene que los fondos netos disponibles para obras públicas no cuestan 9,75% anual, sino un 12,62%. El planteo de Agrelo se resume en una pregunta: ¿qué justifica pagar más del doble en intereses para cancelar una deuda más barata?
Caja
La discusión sobre la nueva deuda se entrelaza con otra polémica sobre el dinero que, según la administración saliente de Juan Schiaretti, quedó en caja a fines de 2023. El 7 de diciembre de aquel año, el Gobierno provincial informó que el Tesoro contaba con un saldo neto de U$S 1.267 millones de libre disponibilidad.
Ese monto, remarcan desde Encuentro Vecinal, alcanzaba para financiar sobradamente proyectos de infraestructura y cubrir pagos inmediatos de deuda sin necesidad de recurrir a los mercados. El pedido de informes sobre el destino de esos recursos fue rechazado por la mayoría oficialista en junio de 2024, y hoy vuelve a la agenda con más fuerza.
Agrelo señala además que con los fondos supuestamente disponibles podrían realizarse más de ocho veces obras como el tramo de la autopista Córdoba-San Francisco, recientemente preadjudicado con una inversión estimada en U$S 150 millones.
La duda central es si ese saldo forma parte de los activos del Tesoro que figuran en las Cuentas de Inversión y en la ejecución presupuestaria. Los registros oficiales muestran que entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 los saldos de bancos y otros activos crecieron, pero no está claro si incluyen aquel excedente certificado por Schiaretti, analiza el informe.
La política detrás de los números
La ofensiva opositora no se limita a los tecnicismos financieros. En su proyecto, Agrelo denuncia un “nuevo shock de endeudamiento” que contradice el discurso de austeridad del Gobierno provincial y que además se combina con aumentos impositivos aplicados durante 2025.
La interpelación solicitada exige explicaciones sobre seis puntos: el motivo de la recompra anticipada de la deuda 2027, la aplicación detallada de los U$S 725 millones emitidos, el pago de comisiones y gastos, el destino del saldo de U$S 1.267 millones de 2023, el stock actual de deuda pública discriminado por moneda y plazo, y la situación patrimonial del Tesoro provincial.
