Negocio del crudo empieza a definirse hoy

Buenos Aires. El futuro del negocio petrolero en la Argentina comenzará a delinearse hoy en una reunión a la que acudirán los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas a la Quinta presidencial de Olivos. Los recibirá la dueña de casa, Cristina Fernández de Kirchner, y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, impulsor del cónclave de esta tarde. El motivo formal es el trazado de una nueva ley que regule y atraiga las inversiones para los yacimientos de combustibles no convencionales, como los que están en el bloque Vaca Muerta, que implican mayor riesgo empresario y más costos que los yacimientos convencionales. Pero al encuentro de hoy los gobernadores llegan con el temor de que la Nación imponga condiciones desfavorables para sus provincias a la hora de participar de la renta petrolera. La disputa se inició hace dos meses y tiene como principales protagonistas al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y a Galuccio.El neuquino hizo circular un proyecto de ley para que todas las empresas que terminan sus concesiones devuelvan las áreas a Gas y Petróleo, la firma que Sapag creó hace cinco años para sacar tajada del negocio. Cuando esto llegó a los oídos del CEO de YPF, éste buscó reducir al mínimo el rol de todas las empresas de energía provinciales, con el argumento de que estas firmas encarecen las inversiones a través del "acarreo" que exigen en las licitaciones, es decir la participación de entre un 10 y un 20 por ciento de las concesiones sin poner inicialmente dinero. Esta avanzada de Galuccio fue el motivo por el cual YPF decidió no presentarse a una licitación de ocho áreas a la que llamó Francisco "Paco" Pérez, el gobernador mendocino, quien tenía todo listo para adjudicarle la mitad de ellas a la principal petrolera argentina. Como devolución de gentileza, y sembrando más tensión en el encuentro previsto para esta tarde, Pérez decidió la semana pasada revertir la mitad de una importante área -Chachahuén- que YPF concesiona junto a empresarios de medios como José Luis Manzano y Daniel Vila. "Pérez quiere impedir que se lleven todo con el argumento de facilitar la atracción de inversiones. Las provincias no son las culpables de que nadie quiera invertir en Argentina, habría que revisar primero detenidamente la política macroeconómica", dijo un asesor del mendocino a este diario. El mayor temor de los mandatarios provinciales es que la Nación busque quitarles a las provincias la potestad que estas tienen sobre sus recursos naturales. Así lo dejó ver Juan Garitano, ministro del chubutense Martín Buzzi, quien aclaró que Chubut no permitirá que la Rosada avance en su intento de que YPF vuelva a manejar los recursos provinciales. "Por supuesto que vamos a defender con uñas y dientes lo que hemos conseguidos, nuestra soberanía del manejo de los recursos", afirmó en diálogo con radio El Chubut. En tanto, en Neuquén, Sapag consiguió un acuerdo con su rival interno, el senador nacional y sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, para salir a defender a la provincia de la avanzada nacional. A la reunión de hoy los participantes llegarán con un borrador en la mano que la semana pasada hizo circular el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, que fue escrito junto a Galuccio. El mismo prevé una serie de ventajas para las empresas que quieran participar de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales como los de Vaca Muerta, que hoy tienen como único marco normativo el decreto 929/2013 con el cual se le permitió a YPF la asociación con Chevron. Entre estos beneficios, se cuentan colocar plazos mucho más largos que los habituales para las concesiones, ponerle un techo al cobro de regalías que hacen las provincias que no podría ser superior al 12%, establecer programas fiscales nacionales, provinciales y municipales homogéneos y diseñar beneficios a conceder una vez que se consiga el autoabastecimiento energético, como el giro de utilidades al exterior. La mayor polémica la suscita el punto cuatro, que dice: "Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión/actividad exploratoria".Para los gobernadores, este ítem podría significar que la ley impulsada por la Rosada podría encorsetar a las empresas provinciales de energía en su participación del negocio petrolero con el argumento –blandido por Galuccio– de que encarecen las inversiones y las espantan.