Unicameral. Con letra de De Loredo, el bloque radical propuso elevar la edad de retiro para "frenar la pérdida de policías"

Como lo había anunciado días atrás el exdiputado nacional Rodrigo de Loredo, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó este martes en la Legislatura Unicameral un paquete de proyectos de ley que busca reformar aspectos centrales del régimen de la Policía. El eje central de la propuesta promete generar un fuerte debate: la elevación de las exigencias para acceder al retiro y la instauración de una edad mínima para dejar la actividad.

La iniciativa, que ya fue rechazada por el gobernador Martín Llaryora, surge, según los fundamentos de los proyectos, de un “diagnóstico crítico” sobre el sistema actual.

Tal como lo planteó De Loredo cuando presentó la propuesta en el acto de lanzamiento de su candidatura a gobernador el pasado 14 de marzo, en una de las iniciativas se advierte que el régimen vigente permite que efectivos policiales con alta formación y experiencia se retiren a edades "tempranas", basándose casi exclusivamente en la acumulación de años de servicio sin un piso etario restrictivo.

“Es una pérdida prematura de recursos humanos altamente capacitados", dicen los legisladores en los argumentos. Matías Gvozdenovich, Alejandra Ferrero, Miguel Nicolás, Inés Contreras y Mauricio Jaimes encabezaron una conferencia de prensa en la que presentaron las iniciativas.

El corazón de la reforma propuesta se encuentra en la modificación de los artículos que regulan el retiro voluntario.

De aprobarse la ley, el personal policial ya no podrá retirarse solo por antigüedad. Se establece como requisito indispensable haber cumplido una edad mínima de cincuenta (50) años, además de acreditar los años de servicio correspondientes.

Pero el cambio no se queda allí. El proyecto propone elevar hasta cinco años el tope de años para el retiro obligatorio, llevándolo a 30 años de servicios efectivos tanto para el personal superior como para el subalterno.

Asimismo, se introducen límites de edad máxima para permanecer en servicio activo según la jerarquía alcanzada. De este modo, un Oficial Superior podría prestar servicio hasta los 61 años, un Oficial Jefe hasta los 58, y un Suboficial Subalterno hasta los 53 años. Un dato relevante es que, para el personal femenino, se propone una reducción de dos años en estas edades máximas en todos los escalafones.

Ante la movilidad de De Loredo, la semana pasada, el gobernador Llaryora envió un mensaje a los uniformados a través de la frecuencia policial en el que fue tajante al respecto. “Mientras yo sea gobernador, no habrá cambios en el régimen de retiro”, planteó el titular del Centro Cívico.

Desde el bloque radical llaman los cambios como "modernización" del sistema. Aseguran, además, que las iniciativas “no solo responden a una necesidad de seguridad, sino también a una urgencia económica y previsional”. En los fundamentos, los legisladores sostienen que el esquema actual es visto como una carga creciente para las finanzas públicas, ya que el Estado paga la formación de un agente que luego percibe haberes de retiro durante un período de tiempo mucho más prolongado de lo que duró su vida activa, se explicó en los fundamentos.

En busca de equilibrar la balanza y compensar la mayor exigencia de permanencia, el paquete de proyectos incluye dos medidas de fuerte impacto económico para el sector. Por un lado, se dispone un incremento del 20% en el salario básico de todo el personal policial y penitenciario. Además, uno de los proyectos instruye al Ejecutivo a suprimir el mecanismo que retrasa la actualización de los haberes de los retirados –el llamado diferimiento–, buscando que los aumentos otorgados a los activos se trasladen de forma inmediata al sector pasivo.

Conscientes del impacto negativo que una reforma de este tipo puede tener en el ánimo de la tropa policial, el proyecto incluye una cláusula de transición. La nueva edad mínima de 50 años no se aplicaría a todo el personal de forma inmediata, sino que quedarían exceptuados aquellos agentes que ya cuenten con 10 o más años de servicio efectivo al momento de entrar en vigencia la ley.

Con esto, se busca resguardar los "derechos adquiridos" y las expectativas previsionales de quienes ya tienen una trayectoria consolidada en la fuerza.

Finalmente, uno de los proyectos propone que el personal en situación pasiva perciba el 60% del sueldo y asignaciones familiares, y sugiere que la permanencia de los efectivos de mayor edad no necesariamente implica tareas de calle, sino que se puede aprovechar su experiencia en investigación, planificación estratégica y formación de nuevos cuadros.