La campaña electoral para los comicios de medio término se encamina hacia su tramo final muy atada a la coyuntura económica y con la mirada más que a corto plazo.
El país vive en un estado casi de campaña permanente, fruto de haber copiado el modelo de Estados Unidos hace casi 200 años y no haberlo ajustado nunca a nuestra realidad política, social y cultural, por lo cual las discusiones electorales son cada vez más atadas a lo inmediato.
Y así pasan las elecciones, todos los actores se comportan como caranchos preocupados en rapiñar un voto al costo que sea, y las estructuras siguen crujiendo, con instituciones que se debilitan de una manera preocupante.
Repasemos la escena de Córdoba, donde afloran dos cuestiones muy marcadas en muy pocos días: la nada que se ha debatido en cuestiones electorales a la par de una serie de hechos de degradación institucional con impacto concreto en la vida misma.
El más conmocionante fue el doble femicidio de Luna y de Mariel. Funcionarios judiciales y de los gobiernos de la Nación y de Córdoba se apuraron en congratularse por haber detenido a Paulo Laurta y rescatado al niño secuestrado, mientras algunos le buscaron la veta proselitista al horror.
Pero, tanto en el orden nacional como en el provincial, se dieron con que apenas empezaron a surgir elementos contundentes respecto de la pasividad, inacción, ineficacia de las instituciones para proteger a dos mujeres que hacía rato vivían aterradas por el que terminó siendo su asesino.
Desde esas fronteras como un colador donde entra y sale cualquiera con armas o lo que sea hasta la escasa contención que encontraron las víctimas en el sistema provincial. Un Estado bastante ausente en los más variados niveles.
La gran tortuga
Otra postal de baja calidad institucional se dio esta semana con la decisión de la Cámara Criminal de Río Cuarto de sobreseer al único acusado del crimen de Nora Dalmasso por la prescripción del hecho.
19 años se van a cumplir y la impunidad para uno de los hechos más conmocionantes de los últimos tiempos en Córdoba está a pasos de quedar consagrada.
Pasaron tres fiscales antes que el actual, que cometieron todo tipo de tropelías. Pero siguen en sus cargos como si nada. Ni el Poder Judicial ni el decorativo Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tienen el más mínimo remedio para atenuar la impunidad en Córdoba.
Más allá de la eficiencia y del direccionamiento de las causas para no comprometer al poder, la cuestión de los tiempos es algo que alguna vez la Justicia va a tener que empezar a tomar con un poco más de seriedad.
Veamos otro ejemplo de esta semana. Comenzó el juicio contra Wilson Rivero Chávez, el conductor que iba por encima de los límites de velocidad, con tres veces más de graduación alcohólica de la permitida, y embistió a un colectivo de la Tamse en el puente Maldonado allá por el 7 de agosto de 2022.
Tres años y dos meses para juzgar las responsabilidades en un siniestro vial en el medio de la ciudad con material probatorio de sobra, por el que quedaron registros disponibles por doquier.
La burocracia judicial, de las aseguradoras y de la empresa estatal de transporte, obvió lo que le pasó a Diego Ramírez, el principal afectado por la colisión. “Yo antes estudiaba, trabajaba, hacía distintos deportes y ahora tengo que estar tratando de planificar tiempo para hacer algo por 15 o 20 minutos”, contó Diego, que debe ser atendido todo el día por su madre.
O sea, la vida del conductor alcoholizado transcurrió como si nada en todo este tiempo y la del enfermero que volvía de trabajar de madrugada es un suplicio, pero el sistema mira para cualquier otro lado.
Y no hay elementos para sospechar que Rivero Chávez sea un hombre del poder, como otro caso de un siniestro vial fatal de tres años sin juzgar como el que protagonizó Oscar González.
En esa causa no pasará nada hasta después de las elecciones. Y tal vez después de las elecciones tampoco pase nada. No sólo en esa causa.
