La Justicia analiza acusar a los policías que hicieron huelga

La tarea de los cuatro fiscales afectados a la investigación de los saqueos registrados en la ciudad de Córdoba el 3 y 4 de diciembre pasados está centrada, por ahora, en la identificación y captura de las personas que participaron de los saqueos. Pero en breve se pondrá en marcha una investigación mucho más compleja, que derivará en imputaciones a los policías huelguistas.Aunque esta misión trata de mantenerse en secreto, podría decirse que los fiscales ya habrían dado un primer paso el 30 de diciembre último, cuando el jefe de Policía, comisario Julio César Suárez, recibió una nota firmada por Raúl Garzón, Jorgelina Gutiez, Adriana Abad y José Mana, en la que se le solicita la nómina del personal policial que cumplió servicios y no adhirió a la huelga que dejó "huérfana" de seguridad a la población.¿Para qué pedirían la lista de quienes trabajaron y no la de los que se rebelaron? Quizá sea para no levantar "polvareda" cuando todavía reina cierta tensión en las filas policiales.También lo es para conocer quienes pueden declarar como testigos e incluso colaborar en la investigación de quienes promovieron la huelga.Los "amotinados" eran todos suboficiales, salvo unos pocos oficiales principales, pero los de grados superiores no se plegaron a la huelga. Por eso, cuando el gobernador José Manuel de la Sota no quiso firmar los pliegos de ascensos del personal, la noticia no cayó bien entre los subcomisarios y oficiales superiores en condiciones de ascender.De esto son conscientes los fiscales, pero los cuatro coinciden en que, a pesar de que De la Sota se comprometió a no adoptar represalias, la Justicia no puede dejar pasar por alto la gravedad de lo ocurrido.Consultas realizadas por este diario en ámbitos judiciales fueron coincidentes en cuanto a que habrá imputaciones para los huelguistas, pero no será a los miles de policías que participaron sino a los "cabecillas, organizadores y/o instigadores".Por ahora, las fiscalías buscan pruebas para poder detectar quienes fueron los organizadores. Y para eso no se dejarían de lado escuchas de las frecuencias policiales que fueron utilizadas para convocar al levantamiento.Los investigadores no descartan que el movimiento pudo haber sido impulsado por personal superior con la finalidad de abrir los ojos de las autoridades y obtener una mejora salarial y de los adicionales, pero que después las cosas se les fueron de las manos y pasó lo que pasó. Por eso se presume que pueden ser citados a declarar algunos o varios de los integrantes de la plana mayor que pasaron a retiro como consecuencia de la rebelión. Hay quien asegura que en una oficina de peso de la Jefatura hubo un brindis el día en que se cerró el acuerdo con el Gobierno provincial.ResponsabilidadHasta ahora, no hay ningún elemento que permita inferir que los propios huelguistas impulsaron los saqueos, pero los fiscales no darán un paso atrás en la investigación de los que convocaron al abandono de tareas.Se estima que los fiscales no se conformarán con acusarlos de "desobedecer una orden", delito que se consumó cuando los conminaron a levantar la medida de fuerza y no lo hicieron, sino que estarían estudiando la aplicación de figuras más graves, como la de "motín".La imputación de la "desobediencia" a todos los que participaron fue descartada y ya hay un antecedente que desaconseja esa posibilidad.Años atrás, hubo una huelga que dejó sin transporte a la ciudad y un fiscal imputó a dos mil choferes que se negaron a levantar el paro. En tres o cuatro años, todos fueron sobreseídos porque el delito había prescripto.Los fiscales reunirán pruebas, imputarán y es posible que esa causa luego pase al Fuero Anticorrupción, a cargo de los fiscales Hugo Amayusco y Marcelo Hidalgo.Esto recién podría ocurrir entre abril y mayo, cuando haya un poco más de calma en las filas policiales.

Proyecto. El Gobierno provincial analiza enviar a la Legislatura una iniciativa que limite las huelgas de los que prestan servicios básicos. El gobernador José Manuel de la Sota comentó la semana pasada que en otros países los empleados públicos que tienen estabilidad garantizada de por vida, como el caso de Córdoba, tienen restringida la posibilidad de hacer medidas de fuerza. El proyecto de ley apuntaría en ese sentido.