La idea es que los sancionados, antes de quejarse, paguen

El senador kirchnerista Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley para que las sanciones a fabricantes y comercios por infracciones a la ley de Lealtad Comercial se ejecuten, aun cuando estén recurridas ante la Justicia. La iniciativa es complementaria de la que presentó la semana pasada para reformar la ley de Defensa del Consumidor para sancionar a comerciantes que cometan abusos. Ahora, Fernández apunta a sancionar a fabricantes y comercios que infrinjan "reglas de identificación, presentación y publicidad de mercaderías, perjudicando a sus pares y al eslabón más débil de la cadena: el consumidor", tal como indica. Al igual que la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial otorga efecto suspensivo a las apelaciones, dilatando o anulando en la práctica, el cumplimiento de la sanción. Por ello, el proyecto modifica el artículo 22 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial estableciendo que los recursos interpuestos contra actos administrativos que disponen sanciones, se concedan sólo con efecto devolutivo. Así, una sanción aplicada a un comercio por infracción a la Ley podrá ejecutarse aun cuando el fabricante o comerciante haya apelado la decisión administrativa del Gobierno. Los dos proyectos de Fernández se presentaron poco después de que la presidenta Cristina Fernández se refiriera por cadena nacional al principio tributario de solve et repete (pague y reclame) que dispone que las multas deben ser pagadas aun cuando el comerciante haya apelado la medida.