La exesposa de Nisman solicitó un veedor de la Corte Interamericana

La exesposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, participó este jueves de la audiencia pública en el Senado organizada por la oposición y solicitó que se evalúe la posibilidad de solicitar un veedor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Arroyo Salgado "exigió" a las autoridades judiciales que investigan el caso "que se le dé el mismo tratamiento que a todos los procesos en trámite", según "el Código Procesal de la nación que establece que los sumarios sólo son públicos para las partes".

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La jueza adelantó que "hoy en nombre propio y de mis hijas, solicité a la Defensora General de la Nación" someter a consideración "la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y añadió que "en este caso he solicitado también que se evalúe pedir un veedor (internacional) para esta investigación, tal como ya se hiciera en el juicio oral y público llevado adelante a propósito del atentado terrorista de la Amia".

Este miércoles, la presidenta Cristina Fernández rechazó por cadena nacional cualquier tipo de injerencia extranjera en la investigación de la muerte del fiscal, al negar que Argentina sea "un país de cuarta" o una "republiqueta bananera como para que vengan a darnos consejos".

Arroyo Salgado afirmó que concurrió a la audiencia pública convocada por la oposición en el Congreso a la par de la sesión legislativa en el Senado "sin ningún tipo de intencionalidad política " y porque cree que "la búsqueda de la verdad y la justicia constituyen una política de Estado".

"Creo que la búsqueda de la verdad y la justicia constituyen una política de Estado y el Congreso es el ámbito natural donde se generen proyectos para optiimizar la tarea del Poder Judicial", señaló la magistrada al iniciar su discurso .

pidió hoy al oficialismo y a la oposición "estar a la altura de las circunstancias" y manejarse con "prudencia, respeto" para "no seguir politizando" la investigación de la muerte del fiscal y "dejar que la justicia y el Ministerio publico fiscal trabajen tranquilos".

"Pido prudencia, respeto, ética para la investigación y mis colegas que les toca investigar este hecho" y "estar a la altura de la circunstancias" y "en la medida de los posible no seguir politizando" la muerte del fiscal Nismam, reclamó la jueza, al exponer en la audiencia pública que la oposición organizó en el Senado.

En ese sentido, aseguró que "estos juicios de valor interfieren y condicionan la labor del poder judicial" en el caso, por lo que pidió "dejar que la justicia y el Ministerio publico fiscal trabajen tranquilos".

Arroyo Salgado agradeció además a los bloques del Frente para la Victoria y del Interbloque Federal por realizar un minuto de silencio en homenaje a Nisman al comenzar la sesión en el senado, y sostuvo que asistió a la convocatoria paralela "sin ningún tipo de intencionalidad política: no soy oficialista, no soy opositora".

En tanto, representantes judiciales reiteraron hoy en el Senado la convocatoria del 18-F para rendir con una marcha silenciosa homenaje a Alberto Nisman, y renovaron el reproche al Gobierno por la falta de reconocimiento a la tarea realizada por el fiscal de la causa Amia, durante una audiencia pública organizada por legisladores de la oposición.

Además, los primeros expositores insistieron en que las escuchas e intervenciones telefónicas no pueden ser competencia del Ministerio Público Fiscal, que actualmente conduce Alejandra Gils Carbó, como dispone la reforma de la ley de Inteligencia que impulsa el kirchnerismo.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, abrió la lista de expositores convocados en el Salón Azul del Senado destacando que la convocatoria a la marcha que hacen jueces y fiscales no es política sino que "es un homenaje a un compañero que ha muerto en ejercicio de su deber".

"Nosotros solo le hacemos el homenaje que el Poder Ejecutivo no quiso o no supo hacerle", dijo Recondo a modo de reproche.

El magistrado sostuvo que "es terrible observar que después de la denuncia que hizo el fiscal Nisman" en contra, entre otros, de la Presidenta y del canciller, el fiscal "debía haber sido el hombre mas protegido de la República y no lo fue. Y no solo no fue protegido en vida, tampoco fue respetado en su muerte".

Recondo, a su vez, ratificó el compromiso que magistrados y fiscales suscribieron días para que "se reorganice de manera inmediata cuando pueda hacerse el Consejo de la Magistratura".

Al respecto, insistió en la necesidad de que los jueces sean "elegidos por su idoneidad y no por su cercanía política con el poder de turno"; el organismo tenga autonomía financiera y, finalmente, que "todo el sistema de escuchas judiciales pase a depender del Poder Judicial" y no de la Procuración.

El vicepresidente primero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eduardo Awad, marcó que "queremos que la justicia haga su tarea" de investigación de la muerte del fiscal Nisman "despojada de cualquier tipo de presión política".

Por su parte, el fiscal José María Campagnoli reiteró que "nos preocupa a los fiscales la dificultad que encontramos para trabajar con independencia y libertad".

Dijo que Alberto Nisman es "un compañero que murió haciendo su trabajo" y, resaltó que "el ministerio público fiscal no puede transformarse en el enemigo de turno por querer hacer su trabajo. No puede haber una República sin un Poder Judicial independiente".

Campagnoli puso énfasis en señalar el "marco de hostilidad" en que Nisman continuó haciendo su trabajo y como fue "denostado después de muerto" cuando "el trabajo de la magistratura tiene que ser respetado" y, en cambio, la propia Procuración no dispuso "ni un minuto de silencio ni una bandera a media asta" en memoria del fiscal, para que pidió el aplauso de los asistentes.

El titular de gremio de Judiciales, Julio Piumato, también coincidió con quienes lo habían antecedido en la palabra que las escuchas no pueden quedar en jurisdicción de Gils Carbó y subrayó que "consideramos que el hecho de la muerte del fiscal Nisman no es un hecho más".

Piumato apuntó que hasta ahora los fiscales podían enfrentarse a "la pérdida de su puesto de trabajo", pero eso cambió a partir de la muerte de Nisman, que definió como "un crimen político".