La “democratización” judicial sería sin tocar la Constitución

Es todo preliminar y no hay por ahora ningún proyecto que esté totalmente consensuado en las filas del kirchnerismo. Pero la decisión política está tomada y la “democratización de la Justicia” que pretende la presidenta Cristina Kirchner será uno de los ejes de discusión del nuevo año parlamentario que arranca en marzo.

Este diario pudo saber que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, es el encargado de receptar las diferentes propuestas de los legisladores K y de las organizaciones no gubernamentales que comparten la meta fijada por la Casa Rosada.

Sin embargo, por ahora no hay apuro ya que es intención de las autoridades parlamentarias que en los primeros dos meses –marzo y abril– se pueda votar por fin la unificación de los Códigos Civil y Comercial, algo que quedó pendiente en 2012. La nueva codificación fue elaborada por una comisión de juristas, encabezada por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y fue corregida en unos pocos puntos por la Casa Rosada antes de enviarla al Congreso. El proyecto fue debatido en audiencias públicas que se hicieron en varias provincias, pero hay algunas dudas que lo frenan, relacionadas con el derecho al agua de las comunidades aborígenes y con la prescripción de deudas entre privados.Acerca de la democratización de la Justicia, una fuente señaló que la idea es que los anteproyectos, que están en redacción en este momento, planteen modificaciones al sistema judicial argentino "que se puedan hacer por ley y que no impliquen la necesidad de una modificación constitucional".

En este marco, se aseguró que durante este año, por lo menos hasta que no pasen las elecciones de octubre, el kirchnerismo no va a impulsar en el ámbito del Congreso la reforma de la Carta Magna, para evitar así que la oposición saque provecho político alertando sobre la re-reelección presidencial. Pero, además, porque hoy el oficialismo no tiene el número de diputados y de senadores necesario para impulsar una nueva Constitución.

Aunque el jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi, viene insistiendo en la necesidad de que sea la propia Corte Suprema la que a través de una acordada resuelva que los magistrados abonen también el Impuesto a las Ganancias, en el oficialismo consideran que finalmente el tema será abordado a través de un proyecto de ley, porque esta situación genera discrepancias en el máximo tribunal.

Aunque podría abrirse una batalla jurídica al respecto, dado que los jueces gozan de intangibilidad de sus haberes, algunos sectores de la oposición estarían dispuestos a bancar al oficialismo en esta movida. El problema es que nadie quiere pagar, por ahora, los costos políticos.

Otros posibles cambios. El martes 5 de este mes, Cristina Kirchner volvió a referirse al tema. "Estas son las cosas que me hacen ver cada vez con mayor necesidad, sinceramente, la democratización de la Justicia, la democratización en selección de jueces, en juzgamientos de jueces", dijo para aludir a un caso donde un magistrado permitió que cientos de damnificados de una empresa de servicios no pudieran cobrar el resarcimiento adecuado.

Siguiendo estas pocas pistas que dio la jefa del Estado, en la bancada K especulan que la Casa Rosada también propondrá cambios en el Consejo de la Magistratura.

Las principales espadas K en estos temas, como la diputada Diana Conti, vienen insistiendo en dos temas que generan muchas dudas: la selección de los magistrados por votación popular y la necesidad de que los jueces rindan, cada tanto, una reválida de sus cargos.

Algunas fuentes consideran que al menos la primera idea no podría llevarse a cabo sin reformar la Constitución actual, ya que esta fija que los magistrados son elegidos a través de un concurso hecho por el Consejo de la Magistratura, que eleva una terna a la Presidencia y esta escoge un pliego para que lo vote el Senado.

El único de los temas que sí ha atendido el Congreso en los últimos tiempos es la aplicación de los juicios por jurado, que podría hacerse sin avanzar sobre la actual Constitución.

Sin embargo, por ahora no hay consenso ni en el kirchnerismo ni en la oposición sobre en qué casos debería usarse esta modalidad que, en el derecho norteamericano, se aplica principalmente para procesos en la Justicia penal.

Dos miradas desde la Justicia

Víctor Vélez/Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura

“No sé qué alcance tendrá este proyecto de democratización del que habló la Presidenta, porque si no hay un Poder Judicial que funcione de manera independiente, que sea eficaz, que produzca resoluciones, que ampare al más débil, no hay democracia. Ahora bien: si hablamos de la legitimidad de origen de los jueces, está claro que no pueden ni deben ser elegidos por el voto popular. Ese sistema ha fracasado en todos los lugares donde se instaló y no me imagino a un juez haciendo campaña, respaldado o impulsado por un partido político. La tarea de los jueces se legitima por la cantidad de verdad que tienen sus decisiones. Si los jueces tuvieran que decidir por consenso, habría que reemplazar el juicio por la encuesta. Estoy de acuerdo con que tiene que haber participación ciudadana en el proceso jurídico, como ocurre en Córdoba, donde hay juicio por jurados. A propósito, sería un buen mensaje que se aprobara una ley para que haya jurados populares cuando haya eventuales juicios a funcionarios de los tres poderes, eso sería participación. Los poderes judiciales deben mirarse a sí mismos y tienen que hacer autocrítica. Pero también hay que decir que este objetivo de ‘afianzar la Justicia’ que menciona el Preámbulo de la Constitución Nacional no es sólo de los jueces, sino de los tres poderes, porque se afianza si los legisladores establecen leyes que determinan buenos procesos judiciales, y se consolida cuando el Ejecutivo destina recursos necesarios para el presupuesto judicial y respeta la independencia.

Yo creo que el debate es bienvenido. Y se puede avanzar mucho sin reformar la Constitución. Por ejemplo, hay que prestar mucha atención a la selección y remoción de los jueces, para que los mecanismos no se conviertan en una estructura que protege amigos y expulsa enemigos. También habría que establecer sistemas serios de control de gestión y debatir sobre la formación continua de los jueces”.

Gabriel Pérez Barberá/Juez de la Cámara de Acusación de Córdoba

“Recientemente, más de 700 jueces, fiscales y defensores oficiales de todo el país nos hemos pronunciado a favor de una Justicia legítima. El objetivo de esta coincidencia es generar un ámbito en el cual podamos dejar claro que los jueces que adherimos no somos dependientes del poder político, pero tampoco de los poderes fácticos, en especial, del poder económico. La idea es dar visibilidad a ese grupo de jueces para, a su vez, hacer visibles esas presiones económicas que muchas veces se ejercen sobre los jueces, porque esas presiones tienen éxito en la medida en que trabajan desde las sombras, como lo hace el poder económico. Por eso lo queremos visibilizar. Nos resulta insultante que se nos parangone a un poder político con el cual no tenemos nada que ver. De hecho, en lo personal, no estoy de acuerdo con algunas de las medidas de democratización que se insinuaron, por ejemplo, la elección popular de los jueces, la implementación de mandatos judiciales con plazos y algunos pretendidos controles. Creemos que la democratización pasa por otro lado, por la universalización del sistema de ingreso al Poder Judicial por concursos, como ocurre en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, donde todos los empleados ingresan por concurso y no por acomodo. Eso ha permitido una importante pluralidad ideológica y social. También creo que la implementación del juicio por jurados acerca la Justicia a la ciudadanía. Por el contrario, no creo que ayude a la democratización establecer que los jueces sean elegidos por voto popular, o que sean sometidos a controles periódicos”.

Oscar Aguad/Diputado nacional UCR, integrante del Consejo de la Magistratura

“Si por democratizar la Justicia se entiende involucrar al ciudadano en el control jurisdiccional a través, por ejemplo, del juicio por jurados (como funciona en Córdoba con escabinos), estamos de acuerdo. Si, en cambio, lo que se pretende es el ejercicio de un control sobre la capacidad del magistrado por parte del poder político (Congreso) o del Consejo de la Magistratura, a través de exámenes periódicos o controles sobre las sentencias, estoy absolutamente en desacuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con la elección popular de los jueces. No tengo dudas de que esta última es la intención del Poder Ejecutivo; de no serlo, hubiera dado curso a los proyectos que duermen en la Cámara de Diputados en aquel sentido. El populismo es un sistema político que desprecia los controles de la república, por eso necesita la existencia de mayorías parlamentarias obedientes, de la Justicia domesticada y la prensa dominada; desprecia los controles y el funcionamiento de reglas que limiten su estrategia de poder. Los que gobiernan y aspiran a gobernar deben aceptar que la prensa libre actúa como espía de la sociedad para poner en su conocimiento lo que el Gobierno no quiere mostrar, que el Poder Judicial controla que se cumpla y ejecute la ley como manda la Constitución y que el Congreso debe cumplir su rol de manera independiente. Sin estas condiciones no hay república”.