Veto. Liliana Montero: “La democracia se puso de pie y el Congreso dijo no a la motosierra”

El Gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota legislativa esta semana, cuando una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma sancionada en julio a través de la cual se dispuso actualizar los aranceles para prestadores de servicios de discapacidad y crear una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. La votación a favor de la ley que vetó Milei fue de 172 votos a favor de la insistencia de la ley, superando ampliamente los 73 votos del oficialismo y sus aliados.

Familias y ONG vinculadas al tratamiento de personas con discapacidad celebraron el resultado; y ahora resta que el Senado rechace el veto con los dos tercios de los votos. Para el Gobierno, la Cámara Alta tiene un escenario más adverso, por lo que se espera que la norma quede firme.

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, bajo cuya órbita están las áreas de atención a las personas con discapacidad, celebró el rechazo al veto: “La democracia se puso de pie porque distintos espacios políticos tuvieron una conciencia muy profunda para decirle al Gobierno nacional que hay un acuerdo, un consenso, respecto de ordenar las cuentas y no tener déficit, pero no a costa de cualquier cosa”.

En una entrevista en Voz y Voto, que se emite por El Doce, Montero dijo que “una cosa es pasar la motosierra, y otra es podar: el Congreso le dijo al Presidente: ‘motosierra no’”.

Sin embargo, la ministra aclaró que la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad “no resuelve el problema, sino retrotraer la situación a diciembre de 2023 para recomponer los aranceles de las prestaciones”.

A modo de ejemplo del fuerte retraso que sufren los servicios para atender la situación de personas con discapacidad, dijo que una beca por un taller de reincorporación de una persona al mercado laboral está actualmente en 28 mil pesos por mes.

En ese sentido, Montero señaló que el impacto que tendrá la Ley de Emergencia en Discapacidad será del 0,01 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). “Si un país no puede destinar eso a discapacidad es porque la economías está muy mal”, dijo la ministra, quien confió que en el Senado de la Nación se construirá una mayoría de dos tercios para voltear definitivamente le veto.

“La situación de la discapacidad puede atravesar cualquier persona, a cualquier familia, y en cualquier momento”, dijo Montero respecto de la necesidad de que el Congreso cierre con urgencia este debate.

Respecto del retraso a los proveedores de Córdoba, aclaró que los prestadores de la Apross están “equiparados” con los aranceles nacionales, por lo que si se aprueba la Ley de Emergencia en Discapacidad se actualizará el nomenclador de prestaciones.

Sin embargo, Montero defendió el aumento presupuestario para las áreas que atienden a las personas con discapacidad, incluyendo los recursos para Apross y para las escuelas especiales que dependen de la Provincia, este año el Estado cordobés destinará 130 mil millones de pesos en discapacidad.

De todos modos, el fondo de la cuestión es el retraso de los aranceles para los prestadores: “Con estos aranceles, que no se actualizan desde diciembre de 2023, qué pasó con los prestadores, qué hicieron las maestras integradoras las psicopedagogas: lógicamente, tuvieron que buscar más trabajo y disminuir la asistencia, lo que afectó los tratamientos”, dijo Montero, y aseguró que el retraso presupuestario de los aranceles está “asfixiando” a la red de ONG y consultorios que atienden a las personas con discapacidad. “Si esa red se cae, las personas con discapacidad no van a tener quien los atienda”, agregó.

También calificó como “cruel” que el Gobierno nacional disponga el reempadronamiento y que se vuelvan a acreditar la discapacidad.

“Cuando veo llegar a una mamá llevando en una silla de ruedas a su niño con discapacidad, con parálisis cerebral, trasladarse para acreditar su hijo tiene una discapacidad; eso es de una crueldad inconcebible”, dijo Montero.

“El Estado tiene mecanismos para hacer los ajustes necesarios. Plateo que se audite, que se hagan controles, que los médicos certifiquen. Pero hoy, con la inteligencia artificial y los sistemas informáticos, es una burla sostener que los médicos sobrefacturan y no se puede hacer nada al respecto”, finalizó.