Justicia. Kicillof denunció a Milei ante la Corte Suprema por deudas millonarias
El gobernador bonaerense formalizó una de sus ocho demandas por el recorte de transferencias nacionales. Por su parte, La Libertad Avanza exige informes sobre el manejo de la asistencia alimentaria en la Provincia.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentó este martes por la mañana en el Palacio de Tribunales para avanzar en el conflicto judicial que mantiene con el Estado Nacional. La audiencia ante la Corte Suprema de Justicia se centró en uno de los ocho reclamos formales por transferencias adeudadas que la Gobernación estima en más de $ 681.000 millones.
La presentación judicial ocurre en un contexto de máxima tensión política, en el que la administración bonaerense cuestiona el impacto de la "motosierra" aplicada por el presidente Javier Milei. Según el entorno de Kicillof, el reclamo se intensificó tras la firma del DNU 280/2024, que suspendió fondos destinados a cubrir déficits de las cajas previsionales provinciales.
Desde la asunción del Gobierno nacional, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció que la provincia perdió aproximadamente $ 22,2 billones en transferencias y programas indirectos. Esta situación llevó a la gestión de Kicillof a evaluar recortes en programas propios, como el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (Mesa).
Tensión por la asistencia alimentaria escolar
En las últimas horas, el conflicto se trasladó al área de desarrollo social tras una carta enviada por el ministro bonaerense Andrés Larroque al Ministerio de Capital Humano. Larroque reclamó una deuda de $ 220.000 millones correspondiente al Servicio Alimentario Escolar (SAE).
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La cartera liderada por Sandra Pettovello rechazó categóricamente el pedido mediante un comunicado oficial emitido esta mañana. El Gobierno nacional sostuvo que el plan mencionado es de exclusiva competencia provincial y desconoció la existencia de deudas en materia de asistencia alimentaria con Buenos Aires.
“El Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares, siendo el 80% restante obligación provincial”, marcó el Ministerio de Capital Humano para desestimar el reclamo de Larroque.
Los ocho fondos en disputa judicial
Además de las transferencias previsionales, la Gobernación reclama la inconstitucionalidad de la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi). Por este concepto, la Provincia exige el pago de $ 88.800 millones, más los intereses acumulados por transferencias no realizadas entre finales de 2023 y principios de 2024.
Otro eje central del reclamo es la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el cual fue discontinuado por la gestión libertaria. Por este fondo, Buenos Aires demanda un monto aproximado de $ 42.000 millones que fueron devengados durante el transcurso del año 2023.
La judicialización también alcanza al Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, con una pretensión estimada en $ 5.000 millones. A esto se suma el conflicto por el sistema Sube y el reclamo de $ 400 millones vinculados al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos.
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La Libertad Avanza exige auditorías en la Provincia
En paralelo a la avanzada judicial de Kicillof, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado bonaerense inició acciones para controlar la gestión provincial. El senador Carlos Curestis presentó un pedido de informe detallado para conocer el destino de los fondos del programa Mesa ante rumores de posibles recortes.
Curestis, dirigente cercano al armador político Sebastián Pareja, exigió precisiones sobre la cantidad de beneficiarios y el impacto presupuestario de cualquier modificación en la asistencia. El legislador cuestionó que se utilicen los sectores más vulnerables como argumento en la disputa política con la Nación.
“Si el gobierno Kicillof decidió eliminar o recortar el programa, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad qué va a pasar con miles de familias bonaerenses que hoy dependen de esa asistencia alimentaria”, reclamó Curestis según declaraciones recogidas por Infobae.
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Proyectos para intervenir Ioma y controlar fondos
La estrategia de control de los legisladores libertarios también apunta al Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma). El bloque de LLA impulsó proyectos en ambas cámaras provinciales para normalizar la obra social, tras denuncias de deudas con prestadores y demoras críticas en la atención de los afiliados.
La iniciativa legislativa propone citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud para que detallen el plan de regularización de pagos. Además, sugieren la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente con participación de legisladores y afiliados para auditar mensualmente la gestión del Ioma.
