Tribunal de Cuentas. El juecismo frena la compra de 500 vehículos para Seguridad: objetan la cilindrada
Se trata de la compra de 320 autos y 180 camionetas doble cabina para las guardias urbanas y la Policía. La preadjudicación fue para vehículos Fiat fabricados en Córdoba. Esta vez no hay objeción al precio sino a la cantidad de cilindros de los autos.
En lo que ya se volvió casi una tradición, la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas de la Provincia objeta una licitación del Ministerio de Seguridad que conduce el ex juecista Juan Pablo Quinteros. En esta ocasión, los tribunos Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva dilataron a través de una providencia la resolución sobre el proceso de compra de 500 vehículos que deberían ir a las guardias locales y a la Policía de Córdoba.
En 2024, una licitación similar fue rechazada por sobreprecios y el caso terminó en una denuncia judicial por parte del Frente Cívico. Esta vez no hay cuestionamiento al precio –está por debajo del presupuesto oficial– sino a una característica técnica del llamado: se solicitan vehículos de cuatro cilindros y los tribunos juecistas consideran que eso fue para direccionar la compra hacia modelos Fiat fabricados en Córdoba.
Según la documentación oficial, se trata de una licitación pública presencial para comprar los 500 vehículos. El presupuesto oficial es de $20.416.200.000 (IVA incluido), pero la preadjudicación fue por $ 16.998 millones.
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Según lo que puede observarse en el sitio de compras de la Provincia, en la licitación se declararon inadmisibles tres ofertas, dos por precios excesivos y una por no cumplir los requerimientos técnicos. En cambio se preadjudicó a Mot Cor SA la compra de 270 Fiat Cronos Like 1.3 GSE BZ a un precio unitario de $ 25,39 millones, a lo que se agrega el equipamiento para seguridad ciudadana, por un costo unitario de $ 3,2 millones. La misma firma fue preadjudicataria para la provisión de otros 50 Cronos sin equipamiento extra.
En tanto, Pinerolo SA fue preadjudicataria de la compra de 180 Fiat Titano Endurance MT tipo pick-up doble cabina 4x2 turbodiesel. El precio unitario de esos vehículos es de $ 40,76 millones y el costo unitario del equipamiento de seguridad es de 3,74 millones.
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Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que en ambos casos las cotizaciones están por debajo de los precios de mercado. También reiteran que la Provincia podría haber apelado al "compre Córdoba" y que prefirió el mecanismo de la licitación pública presencial. Adjudican la providencia resuelta por los tribunos a la voluntad del juecismo por obstruir la gestión.
Según se lee en los pliegos, los 270 vehículos sedán equipados deberían ir el programa “Ojos en Alerta” y las guardias locales y los otros 50 sedán adicionales serían destinados a los cuerpos de investigaciones criminales. En tanto, las 180 pickups doble cabina se destinarían a patrullaje rural, prevención y apoyo operativo de la Policía.
Cuatro cilindros
Las objeciones juecistas apuntan a la siguiente exigencia para los sedán: "motor naftero de 4 tiempos y 4 cilindros, cilindrada entre 1.497 y 2.500 cm³, con tolerancia de ±10 %". Según lo que puede leerse en las providencias de Corvalán y Leiva, los tribunos consideran que ese requisito va en contra de la "libre concurrencia e igualdad entre los interesados en ofertar".
Aunque los tribunos opositores reconocen "la absoluta vigencia de la potestad estatal para especificar detalladamente el bien a comprar", consideran que en este caso se puede tratar de una licitación dirigida. Para sacarse las dudas, piden que se fundamente por qué se deben comprar vehículos de cuatro cilindros.
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Pero además la requisitoria pide datos sobre el patentamiento, el detalle sobre los titulares registrales a los que serán cedidos los 500 vehículos y también el listado de todos los vehículos que ya forman parte de las guardias urbanas, con detalle de dominio y destino actual. Hasta tanto el Ministerio de Seguridad no cumpla con la entrega de esa información, la licitación que comenzó en enero seguirá frenada.
Y aún después de que se se entregue esa información, el Tribunal de Cuentas tendrá 15 días hábiles para evaluar, y puede solicitar más información con idénticos plazos o también observar el trámite, lo que supondría el bloqueo definitivo de la licitación, tal como ocurrió con la compra de un sistema de drones para la Policía de Córdoba, y con numerosas licitaciones de obras públicas, entre ellas la sistematización del Camino a 60 Cuadras y el Camino a San Antonio, accesos del sur de la Capital.
