Jubilados: hay 5 mil juicios en Córdoba

Alrededor de cinco mil demandas judiciales en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) están en trámite sólo en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Desde junio de 2014, fecha en que la Corte Suprema de Jus­ticia ordenó a la Cámara local resolver sobre cuestiones previsionales, más de 8.500 expedientes fueron presentados por pasivos cordobeses que perciben haberes del Estado nacional.De ese total –que no para de crecer día a día–, unas 2.400 causas ya lograron una resolución, mientras que otras 1.500 fueron rechazadas por diversos motivos.Los datos fueron aportados a La Voz del Interior por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres, quien aclaró que el número de cinco mil expedientes activos sólo alcanza a aquellos tramitados ante ese fuero. En el país, la problemática abarca a más de 300 mil jubilados y pensionados que litigaron contra la Anses por diferencias en sus liquidaciones. Sucede que cientos de miles de pasivos que ganaban por encima de la mínima vieron congelados sus haberes, ya que el Estado, durante años, sólo actualizó los ingresos de la capa más baja de la pirámide pre­visional. Fue esa falta de actualización la que llevó a los pasivos a entablar demandas judiciales. Lo hacen apoyándose en los ­fallos "Badaro" y "Ellif" firmados por la Corte Suprema que reconocieron el atraso por parte del Estado.Para darle un corte al tema y poner fin a esta verdadera industria del juicio, el presidente Mauricio Macri tiene previsto anunciar hoy el pago de todos las sentencias activas. Además, trascendió que el beneficio alcanzará a aquellos pasivos que no iniciaron juicios, pero que tienen derechos similares a los que litigaron.Aunque todavía no fue oficializado, el acceso al resar­cimiento incluiría la condición de desistir de las sentencias ­firmes de quienes ya la hayan logrado."Habrá que ver quién en­trega una sentencia firme a cambio de una liquidación que la se­guirá realizando la Anses. ¿Y si esa liquidación tiene errores o no se corresponde con lo reclamado?", planteó sus dudas ayer un magistrado que, como Sánchez Torres, tiene actuación en temas previsionales en la ­provincia.La misma fuente aportó otro dato clave, que tiene que ver con la actitud dilatoria de parte de la Anses y que hace que los pleitos se extiendan hasta los 10 años. "Cambió el Gobierno, pero la Anses continúa interponiendo recursos extraordinarios, extendiendo los procesos, pese a haber sentencia firme de la Justicia sobre el tema. Esto no ha cambiado", subrayaron desde Tribunales.Por esta situación, en muchos casos, los demandantes mueren y son sus hijos o herederos quienes cobran las actualizaciones.Para intentar mitigar estas situaciones, en la Cámara Federal de Apelaciones anteponen criterios vinculados a la edad o el estado de salud de los pasivos a la hora de analizar los casos.

A quiénes abarca. El proyecto, que aún no trascendió, contemplaría no sólo el pago de las sentencias firmes, sino que también se buscará pagarles a quienes tienen juicios todavía en trámite. E incluso, podría incluirse en el plan a quienes no recurrieron a los tribunales pero que, por cómo fueron calculados sus ingresos jubilatorios o por haber sufrido la falta de movilidad, no cobran según lo establecido por la Justicia. Las diferencias en las liquidaciones son fruto del congelamiento que sufrieron los ingresos de muchas personas durante los primeros años con inflación tras la crisis de 2001.

Ese es el promedio de las sentencias por cada uno de los jubilados que litigan contra la Anses por las diferencias en las liquidaciones de haberes. Un juicio de este tipo tiene un plazo mínimo de siete años. En muchos casos, los titu­lares mueren antes de cobrar.