Polémica. La Iglesia va a la Legislatura para oponerse a la prohibición de los naranjitas
Voceros del Arzobispado expondrán este lunes contra la ley y reclama regulación con enfoque social. En diciembre, el mensaje de la Iglesia fue clave para detener la iniciativa.
La discusión por la prohibición de los naranjitas y limpiavidrios tendrá este lunes un actor central en la Legislatura de Córdoba. Representantes de la Iglesia Católica se presentarán en la Comisión de Seguridad (a partir de las 15) para fijar una posición crítica frente al proyecto que impulsa el oficialismo y que busca ser aprobado esta misma semana.
La exposición del Arzobispado no es un dato menor. Llega en el primer día del tratamiento formal y reabre una tensión que ya condicionó el debate meses atrás. La Iglesia anticipó que su postura será de rechazo a la prohibición total y que insistirá en la necesidad de un esquema regulatorio con contención social.
El vocero del Arzobispado, Munir Bracco, será una de las voces más escuchadas. Su planteo es directo. Sostiene que prohibir no resuelve el problema y que, por el contrario, lo desplaza sin atacar sus causas. Según su mirada, el fenómeno de los naranjitas está atravesado por situaciones de vulnerabilidad, consumo problemático y economías de subsistencia que no pueden abordarse solo desde una lógica punitiva.
El fin de semana, en Voz y Voto, Bracco plantea que el camino debe ser otro. Propone avanzar hacia un sistema ordenado, con registro de trabajadores, identificación visible, delimitación de zonas y reglas claras de funcionamiento.
En ese esquema, el cobro también debería estar regulado, evitando discrecionalidad y conflictos con los automovilistas. La idea es distinguir entre quienes prestan un servicio dentro de marcos comunitarios y aquellos casos donde hay prácticas delictivas.
El vocero introduce además un punto incómodo para el discurso político. Advierte que el delito no es exclusivo de este sector y que su erradicación no depende de eliminar a los naranjitas. Señala que los hechos de extorsión o violencia deben ser perseguidos por la Policía y la Justicia, sin generalizaciones. Bajo esa lógica, rechaza lo que considera una simplificación del problema y cuestiona la tendencia a equiparar toda la actividad con conductas ilegales.
“Sabemos que hay extorsión y delitos, lo sabemos. Pero ese tema debe ser abordado desde la Justicia y la Policía, es un tema social, porque el delito está en los naranjitas, en la política, en el periodismo, en la AFA, en ámbitos religiosos. No vamos a creer que sacando a los naranjitas se va a eliminar el delito. Si hay delito, si hay corrupción, deben intervenir la Policía y la Justicia; pero no se puede meter a todos en la misma bolsa”, expresó.
También interpela una contradicción frecuente. Sostiene que existe mayor tolerancia social hacia sistemas formales de cobro del espacio público que hacia pagos informales a cuidacoches. Para la Iglesia, esa diferencia de percepción no alcanza para justificar una prohibición general.
Contexto político
El posicionamiento eclesiástico se produce en un contexto político definido. El Gobierno de Martín Llaryora habilitó el tratamiento del proyecto con la intención de que sea aprobado el miércoles. La iniciativa principal pertenece al legislador Oscar Agost Carreño y establece la prohibición por defecto de la actividad, aunque deja margen para que cada municipio decida si regula o no el estacionamiento medido con participación de personas.
Llaryora tiene los votos para "prohibirlos", pero deberá escuchar las críticas de la Iglesia
El oficialismo incorporaría un capítulo social, en parte como respuesta a las críticas que ya se anticipan. Sin embargo, la definición de fondo se mantiene. La ley apunta a dar herramientas a la Policía para intervenir en un escenario que hoy presenta zonas grises, especialmente desde que el Código de Convivencia habilitó el pago voluntario.
El antecedente inmediato pesa sobre el debate. En diciembre pasado, la intervención de la Iglesia resultó determinante para frenar el avance de una iniciativa similar. En aquel momento, cuando el tratamiento ya estaba en comisión, el Gobierno retrocedió ante la presión pública del Arzobispado y el impacto de su mensaje. La discusión quedó congelada y ahora se retoma con un nuevo intento de síntesis entre ordenamiento y contención.
Ese episodio explica la expectativa que genera la exposición de este lunes. No se trata solo de una opinión sectorial. Es un actor que ya demostró capacidad de incidir en la agenda política y de modificar decisiones del Ejecutivo.
El debate legislativo tendrá además una segunda escala. Aun si la ley se aprueba, la implementación quedará en manos de los municipios. En el caso de la ciudad de Córdoba, el Concejo Deliberante deberá definir si habilita o no la actividad y bajo qué condiciones.
El intendente Daniel Passerini quedará en el centro de esa discusión, con la presión de ordenar el espacio público y al mismo tiempo dar respuestas a una problemática social extendida.
Lo que se juega en la Legislatura excede la regulación de una actividad puntual. Es una disputa sobre cómo abordar la marginalidad urbana, qué rol debe tener el Estado y hasta dónde llega la respuesta penal. La presencia de la Iglesia vuelve a colocar esas preguntas en el centro del debate.
