Holdouts: guerra de papeles ante la inminencia de una decisión

A medida que se acerca el 12 de junio, día en el que se supone que la Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir si toma el caso Argentina o si rechaza la apelación y deja firme el fallo original del juez Thomas Griesa, recrudecen versiones de todo tipo.

Desde la semana pasada, circula un supuesto "Memorando para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas" que los abogados de Argentina en Estados Unidos, Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, enviaron el 2 de mayo al Gobierno de Cristina Fernández, en el que recomendarían que, en caso de que la Corte deje firme los fallos previos, Argentina intente eludir el pago a los holdouts (bonistas no adheridos al canje).

Como se sabe, Griesa (y luego un tribunal de apelaciones que le dio la razón) estableció que los holdouts podrán cobrarse cuando Argentina deposite los dineros con los que normalmente paga a los bonistas que sí ingresaron al canje en el banco de Nueva York que es su agente de pagos oficial en Estados Unidos. Esa alternativa es en realidad un dilema: cumpliendo la sentencia, Argentina quedaría en default con el resto de sus bonistas. La única opción sería pagar a los holdouts con dinero extra, el 100 por ciento, al contado. Eso no es viable por dos razones: Argentina ya no tiene el dinero para hacerlo e implicaría que los bonistas en situación regular, que aceptaron fuertes quitas en el canje, demandaran igual trato.

En ese marco, los abogados recomendarían que, si la Corte no accede al pedido argentino, el Gobierno canjee los papeles de los bonistas por otros, en los que establezca otro domicilio de pago, con otro banco. Por ejemplo, en Buenos Aires. Eso, técnicamente, implica también un default.

Los abogados de los holdouts han mostrado ese supuesto documento como una prueba más de lo que ellos intentan probar ante la Justicia: que Argentina no tiene voluntad de cumplir la sentencia. Lo cual sólo agrava la paradoja, ya que en tal caso la Corte Suprema podría verse aún más tentada a no tomar en cuenta la postura argentina.

Lo cierto es que, a partir de la circulación de ese documento, apareció otro más. Esta vez es una especie de non-paper, brindado por un representante del estudio Cleary Gottlieb Steen and Hamilton al sitio especializado Valuewalk.com. Según los abogados, es un escrito de la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque no tiene membrete, en el que el organismo judicial dice que la comunicación entre un cliente y su defensor (el Estado argentino y sus abogados) son documentos "privilegiados", es decir, no tienen valor para ser presentados como prueba de nada en un juicio.

Eso es obvio, dado que, si no, se impediría un derecho efectivo a la defensa. De manera que, de existir la comunicación inicial, la Corte de Estados Unidos no la podría tener en cuenta a la hora de forjar su criterio y dictar una sentencia.