Congreso. El Gobierno envió al Senado las reformas en salud mental y pensiones por invalidez
Los proyectos apuntan a modificar el sistema de prestaciones y la ley vigente.Incluyen controles más rigurosos y cambios en internaciones involuntarias.
El Gobierno nacional envió este sábado al Senado dos proyectos de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez y la normativa de salud mental, con el objetivo de introducir cambios estructurales y reforzar los controles sobre las prestaciones.
Según informó TN, las iniciativas, impulsadas por la administración de Javier Milei, ingresaron con pedido de tratamiento urgente.
Cambios en las pensiones por invalidez
Uno de los proyectos apunta a combatir irregularidades en las pensiones no contributivas por invalidez.
Según el Ejecutivo, estos beneficios crecieron de unos 76 mil en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023, en un contexto donde auditorías detectaron casos de personas que no cumplían con los requisitos médicos o presentaban datos inconsistentes.
La iniciativa propone modificar la ley 13.478 y otras normas vinculadas para establecer mecanismos más estrictos de control, con el fin de garantizar que las prestaciones lleguen a quienes corresponden.
Desde el Gobierno sostienen que las irregularidades generan un uso ineficiente de los recursos públicos y afectan tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.
En ese sentido, plantean la necesidad de prevenir, detectar y sancionar posibles fraudes.
Reforma de la Ley de Salud Mental
En paralelo, el Ejecutivo también propuso cambios en la ley nacional de salud mental (26.657) y en normas complementarias.
El proyecto busca ampliar el enfoque actual, incorporando medidas de prevención y tratamiento, y otorgando mayor peso al criterio médico, especialmente de especialistas en psiquiatría.
Uno de los puntos más sensibles es la modificación del criterio para las internaciones involuntarias.
La propuesta reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por una definición más amplia de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
Según el Gobierno, esto permitiría actuar con mayor rapidez en situaciones críticas.
Nuevas facultades y controles
El texto también contempla la posibilidad de ampliar la red de establecimientos para el tratamiento de salud mental y adicciones.
Además, establece que las inspecciones deberán contar obligatoriamente con la participación de un médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios.
Ambos proyectos forman parte de la estrategia del oficialismo para avanzar con reformas en distintas áreas del Estado.
El pedido de tratamiento urgente refleja la intención del Gobierno de acelerar el debate legislativo en el Congreso.
