Germán Garavano: Los K manipularon a la Justicia para perseguir opositores

El Poder Judicial es uno de los estamentos del Estado nacional más cuestionados por la sociedad. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, coincide con esos cuestionamientos y asegura que se debe reformular para dar respuestas. "En los últimos días, se han conocido casos de justicia por mano propia y, lamentablemente, una porción importante de la sociedad defiende esto porque no encuentra respuesta en la Justicia", señaló el funcionario macrista, que hasta 2014 fue fiscal General en el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. –¿El Gobierno tuvo que ver con que algunas causas judiciales se aceleraran? –No tuvimos ninguna injerencia. En el anterior gobierno nacional hubo una fuerte presión e intento de cooptación de jueces y fiscales. Hubo una aceleración de algunas causas porque en esta gestión hay mayor libertad y se respeta la independencia del Poder Judicial. También puede ser que hubo jueces que no hicieron bien las cosas en el pasado y ahora intentan legitimarse, con mejores resultados. Esto es lo que genera que la sociedad sienta que hay un aceleramiento de muchas causas judiciales que hacía años estaban paralizadas. Hay que ver si esto es un efecto reacción o habrá un cambio sustentable para responder a la demanda de la sociedad. –Hay dos posturas enfrentadas. Algunos quieren ver presa a Cristina Fernández y para otros es una perseguida política. ¿Cómo se para el Gobierno? –Es así. A mí me han criticado desde las dos veredas. (Carlos) Zannini dijo que hay una persecución en contra de la expresidenta y que yo comando esa movida. Y también hay muchos que se preguntan por qué no está presa. Creo que eso es malo como sociedad. Considero que son los últimos estertores de un sistema político que hizo de la confrontación su razón de ser. La expresidenta tiene que rendir cuentas si la Justicia se lo pide. No digo que no debería ser noticia, porque se trata de una expresidenta, pero no debería llamar la atención si es convocada por un juez.

–Hubo hechos de presunta corrupción conmocionantes. ¿Habrá condenas? Porque es difícil comprobar estos casos.

–No creo que sea difícil comprobar los hechos de corrupción. Hay pruebas irrefutables de que hubo hechos de corrupción y que pueden generar condenas. Hay que tener en cuenta que no toda condena significa ir a prisión. Por casos de corrupción, es difícil que las penas lleven a prisión a un exfuncionario, de no mediar una acumulación de condenas. Hay excepciones como la causa de la tragedia de Once. Yo no mediría que alguien vaya o no a prisión. Me parece que lo importante es que haya juicios orales y condenas. En el país hubo muy pocos casos de juicios orales en casos de corrupción.

–¿En qué pueden terminar las auditorías sobre los juzgados federales que ordenó el Consejo de la Magistratura?

–Van a ayudar a determinar cómo ha funcionado cada fuero. No hay información estadística sobre cuántos casos de corrupción hay y qué tiempo de investigación llevan estas causas. Será una información que puede servir para modificar lo que está mal en la Justicia. No soy optimista de que estas auditorías sirvan para determinar si un juez actuó mal.

–Algunos funcionarios judiciales dicen que estas auditorías se hacen para perseguir a jueces y fiscales K que integran Justicia Legítima.

–No es así. Es la lógica que plantean quienes adhieren al gobierno anterior. Todo es persecución, todo es la lógica amigo-enemigo. Los argentinos eligieron cambiar y no vamos a entrar en esa lógica. El kirchnerismo, junto a los gobiernos de (Hugo) Chávez y (Alberto) Fujimori (Perú), fueron ejemplos de gobiernos que intentaron manipular a la Justicia para perseguir a opositores políticos. Institucionalmente esto fue grave y ya no sucede.

–¿Por qué quieren remover a la procuradora Gils Carbó?

–Creo que debería dar un paso al costado. No se le puede hacer juicio político porque entendemos que es inconstitucional. Se necesita un Ministerio Público Fiscal con muchos más controles, democrático y transparente que el que tenemos. Necesitamos una ley que brinde equilibrio. El procurador debe tener un plazo de gestión para que haya rotación y no debe intervenir en el nombramiento ni remoción de fiscales. Nuestro proyecto busca acotar el poder del procurador, que hoy es la pieza fundamental en las investigaciones de corrupción, narcotráfico o trata de personas. Debe haber un control social al jefe de los fiscales, que hoy es un actor central de las investigaciones. El Congreso puso en marcha la Comisión Bicameral, después de 18 años. Esta comisión realizará un seguimiento y control sobre el Ministerio Público Fiscal.

–¿Se conocerá alguna vez la verdad sobre el caso Nisman?

–Este Gobierno no habla de los jueces ni de las causas judiciales. Pero tratándose de un caso de tanta resonancia, esperemos que la Corte Suprema defina la competencia para que un juez se haga cargo de este caso. Con el proyecto Justicia 2020 vamos a tratar de cambiar esta situación de problema estructural en la Justicia.

En su paso por Córdoba, el ministro Germán Garavano dejó claro que la opinión de la diputada nacional Elisa Carrió no representa la opinión del Gobierno nacional sobre el Poder Judicial. “Una de las cuestiones que plantea esta gestión es defender la institucionalidad. En este contexto, la opinión del Gobierno nacional sobre el funcionamiento de la Justicia se hace a través del Ministerio que encabezo. Todas son respetables, pero el Gobierno tiene una única opinión”.