Freno a las represas: para Electroingeniería, el fallo de la Corte no cambia la situación
El tribunal frenó obras permanentes. Pero son las que están en suspenso desde hace un año.
- El tribunal frenó obras permanentes.
- Pero son las que están en suspenso desde hace un año.
No es que a Electroingeniería le resulte indiferente. Pero la decisión de la Corte Suprema de frenar la construcción de las dos represas sobre el Río Santa Cruz hasta tanto esté definido su impacto ambiental no ha generado dentro de la constructora de origen cordobés una hecatombe.
En forma extraoficial, en Electroingeniería explican que, en realidad, las obras permanentes y de fondo (las represas en sí) están frenadas desde el 25 de diciembre, cuando el nuevo gobierno anunció que las revisaría. De hecho, hubo una renegociación con China (se instalarán menos turbinas a cambio de construir una línea de transporte de energía) que se tradujo en un convenio firmado el 31 de agosto entre el Ministerio de Energía y la unión transitoria de empresas liderada por Electroingeniería que suspendió esas mismas obras definitivas para ampliar las consultas ambientales a la ciudadanía.
"Así que las cosas no cambian de fondo. Se pueden seguir haciendo obras complementarias y temporarias, como pueden ser campamentos o caminos, por dar un ejemplo. De algún modo, estamos cumpliendo la sentencia de la Corte de antemano", explicaron en Electroingeniería.
"No es que no nos afecte el fallo. Es un nuevo elemento que se agrega. El tema ambiental estaba en manos de Santa Cruz, que es la provincia en cuyo territorio se encuentra en su totalidad el río. Ahora toma cartas la Corte sosteniendo su jurisdicción en los glaciares. Es un nuevo elemento", sostuvo una fuente.
Qué dice el fallo
Según el fallo de la Corte, las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic quedaron paradas hasta que se elabore un estudio sobre su impacto, un requisito que el Estado se saltó antes de comenzar la obra y que es indispensable según el procedimiento legal.
El Supremo, que dictó el fallo por unanimidad de sus cinco integrantes, se declaró además incompetente para decretar la interrupción definitiva de las obras y derivó esa decisión a la Justicia federal.
Las infraestructuras, ubicadas sobre el río Santa Cruz, comenzaron a construirse con financiación de China gracias a un acuerdo de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) con el Gobierno del país asiático en 2015 con el objetivo de abastecer de energía a esa región del sur de Argentina.
No obstante, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia presentó un recurso a la Corte Suprema para que dictase una medida cautelar que detuviera las obras y ordenase la elaboración de un estudio sobre los ataques al medioambiente que suponía la construcción de esos dos proyectos.
En concreto, los querellantes se mostraron preocupados por los daños que las obras pudieran causar al Lago Argentino y a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, así como al parque nacional Los Glaciares.
Con base en el recurso, la Corte pidió un informe al Estado argentino para comprobar si realizó una evaluación previa del impacto medioambiental, y, tras estudiarlo, confirmó que la Administración no cumplió con ningún procedimiento requerido, por lo que dio la razón a los demandantes y decretó la suspensión temporal de las obras.
