Entre la tribuna y los tribunales

Las campañas electorales suelen alternar entre las tribunas y los tribunales. Es muy raro que haya proselitismo sin judicialización.

Por cierto que la campaña que acabamos de comenzar en esta elección arrancó con el más virulento enfrentamiento, desde el regreso de la democracia, del Poder Ejecutivo contra el Judicial, después de que el Congreso sancionara una ley para modificar al segundo con normas violatorias de la Constitución.

El kirchnerismo ha apelado una vez más a su embestida descalificadora ante cualquier actor social que no se alinee con sus políticas.

Con la reforma judicial “democratizadora” renga, el tema del funcionamiento de los Tribunales, el comportamiento de sus miembros, su llegada y permanencia en el cargo, sus conductas e inconductas han quedado en el centro de la campaña.

En la campaña cordobesa, ya sobran indicios de que el período previo a las primarias de agosto y a la general de octubre transitará también por los tribunales.

El gobernador José Manuel de la Sota lanzó la campaña del oficialismo con un aviso oficial en el que advierte que la etapa proselitista se puede “convertir en un chiquero”. Propios y extraños entendieron en esas palabras una manera de abrir el paraguas ante nuevas presentaciones judiciales vinculadas con la gestión provincial.

Es una forma elegante de atribuirle intereses electorales a cualquier denuncia, incluida las que se presentaron hace tiempo. Tal vez el delasotismo asigne ese sentido a la acusación por los gastos del Carnaval Cuartetero, cuyo balance el Gobierno entregó a la Justicia después de que hace meses se lo viene negando a los cordobeses.

Otra faceta judicial de la campaña tendrá que ver con las objeciones a las candidaturas. Los radicales picarán en punta en ese sentido y ya hay presentaciones en las que se impugna la candidatura de la lista oficialista que encabeza Oscar Aguad.

La desprolija manera en que el radicalismo manejó el tema del artículo de la Carta Orgánica partidaria provincial que impide un tercer mandato consecutivo le ha dado letra a dirigentes que no avalan la nominación del radical mejor posicionado para esta elección, pero que para llegar a la general tendrá que sortear vallas internas y, tal vez, tribunalicias.

En los papeles, Aguad compite contra el oficialista Juan Schiaretti, como los dos candidatos con mayores posibilidades de ganar la elección.

El mismo día del cierre de listas hubo señalamientos: ambos tienen procesos abiertos en la Justicia. Aguad no logra que la Justicia de Corrientes le cierre una causa por un crédito cuando fue interventor en la Municipalidad de la capital de aquella provincia. Schiaretti está procesado en la causa de los sobresueldos durante la gestión menemista, con muchas posibilidades de que haya una elevación a juicio en el mediano plazo.

Los dos sostienen que sendos procesos judiciales tienen un componente de revanchismo político-electoral y creen que no los afectará en su tarea de buscar votos. Pero no dejan de ser situaciones incómodas.

Otro que hará campaña con una ristra de causas judiciales sobre sus espaldas es Domingo Cavallo, quien ha acumulado tantos procesos como dedicatorias poco académicas a sus progenitores.

Cavallo tiene una particularidad para esta campaña: casi nadie se podrá hacer el desentendido de no haber tenido una vinculación directa con el exministro. De la Sota lo llevó a la política; Schiaretti fue su secretario de Industria; Luis Juez fue designado síndico en Papel Prensa en aquella gestión cavallista; Aguad era parte del gobierno de la Alianza (interventor en Corrientes) que lo llamó como ministro-salvador, y los seguidores de Néstor y Cristina Kirchner no debieran olvidar que fue un hombre de consulta del matrimonio santacruceño.

El pasado debería valer para todos igual, pero ya se sabe que en campaña o no algunos tienen más pasado que otros. Y donde dice pasado, también puede decir prontuario.