En la región: otro preso y un pedido brasileño de sigilo
El fiscal federal Franco Picardi amplió ayer en nuestro país la investigación por supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento.
Un juez dominicano ordenó ayer la detención de una docena de personas, entre ellas, un ministro, exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios, por su presunta vinculación con los sobornos pagados por Odebrecht.
Los 15 implicados serán acusados de prevaricato, desfalco, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de activos.
Las detenciones ordenadas por el juez Francisco Ortega ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General de la República Dominicana recibió, como parte de un acuerdo con Odebrecht y con las autoridades brasileñas, la investigación realizada en Brasil con copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la compañía y otras pruebas.
Mediante el acuerdo, la Procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos a cambio de una multa de 184 millones de dólares, que serán pagados en un período de ocho años, así como de información que permita llevar ante los tribunales a los funcionarios locales que recibieron los sobornos. La compañía mantendrá sus operaciones en el país y podrá participar en futuras licitaciones públicas.
Entre los detenidos, se encuentra el actual ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, que declaró la semana pasada. Montás fue durante la última década ministro de Economía y secretario de la Presidencia de la República Dominicana.
En Argentina
En tanto, el fiscal federal Franco Picardi amplió ayer en nuestro país la investigación por supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento, al pedir 17 medidas de prueba relativas a exfuncionarios del Ministerio de Planificación de la Nación, directivos locales de Odebrecht y de la empresa Iecsa.
Por su parte, la Procuración General de Brasil pidió confidencialidad a su par de Argentina sobre la información que le remitirá sobre el caso. En un oficio enviado a la procuradora Alejandra Gils Carbó, la Procuración brasileña pidió que se mantenga “el sigilo” con relación “a todas esas pruebas” referidas a actos ocurridos fuera de Brasil. La Justicia brasileña advirtió que la información no deberá ser divulgada de manera pública para evitar “eventuales perjuicios a la investigación” que continúa sobre el mismo tema.
